Según el reporte de Pulzo, el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad dejó distintos hallazgos en áreas clave de la entidad. Se mencionan observaciones sobre cuentas, contratos y la estructura de los viceministerios, lo que activó las alertas de los equipos liquidadores y de los organismos de control.
El Ministerio de la Igualdad fue creado en 2023 como una de las apuestas más visibles de la entonces administración de Gustavo Petro. Su objetivo declarado fue diseñar y ejecutar políticas para reducir la desigualdad y atender a poblaciones históricamente marginadas. Desde su nacimiento estuvo encabezado por la exministra Francia Márquez, y concentró funciones que antes se repartían entre otras entidades del Estado.
La cartera quedó bajo la lupa luego de que la administración de Abelardo de la Espriella decidiera no continuar con su funcionamiento. En el marco del proceso de liquidación, equipos técnicos vienen revisando inventarios, contratos vigentes, plantas de personal y compromisos presupuestales. Esa revisión busca determinar qué obligaciones quedan vigentes y cuáles pueden trasladarse o liquidarse.
De acuerdo con la información publicada, los hallazgos no se reducen a un solo frente. Habría observaciones en el manejo de cuentas, en la suscripción y ejecución de contratos, y en la configuración de los viceministerios que conformaban la estructura interna. Cada uno de esos puntos puede derivar en responsabilidades administrativas, fiscales o disciplinarias, dependiendo de lo que arroje la investigación.
Pulzo tituló su nota con la frase “Destapamos la olla podrida”, una expresión que refleja la preocupación del medio por la magnitud de lo encontrado. Más allá del lenguaje editorial, lo relevante es que el proceso de liquidación, que en principio es rutinario cuando desaparece una entidad, terminó convertido en una revisión de fondo sobre cómo se administró el ministerio durante su corta existencia.
El cierre del Ministerio de la Igualdad tiene implicaciones directas para la ciudadanía. Los programas dirigidos a mujeres, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y población víctima dependían de esa cartera, por lo que su liquidación obliga a definir quién asume esas funciones. También afecta a los contratistas y funcionarios que prestaban sus servicios en la entidad y que ahora enfrentan la transición o el cierre de sus vínculos laborales.
En materia institucional, el caso revive preguntas sobre el costo de crear ministerios que, pocos años después, son desmontados. La creación del Ministerio de la Igualdad fue justificada por el gobierno anterior como un paso necesario para cerrar brechas históricas. Su liquidación, en cambio, abre un debate sobre la eficiencia del gasto, la pertinencia de la estructura y la continuidad de las políticas públicas que atendía.
Desde el sector político y de control, distintos voces han pedido que se adelanten las investigaciones a las que haya lugar. La Contraloría General de la República, la Procuraduría y la Fiscalía pueden intervenir si los hallazgos configuran responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales. Por ahora, el proceso sigue en manos del equipo liquidador, que debe entregar un informe consolidado sobre el estado real de la entidad.
Quedan varios frentes abiertos. Falta conocer el detalle de los hallazgos, su cuantificación y los responsables señalados. También está por definirse el futuro de los programas sociales y de los recursos que el ministerio administraba. Y, en el mediano plazo, será necesario establecer si las funciones que concentraba esta cartera se reparten entre ministerios existentes o si desaparecen por completo.