La Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano, volvió a ser escenario de un anuncio con fuerte carga política. El gobierno de Abelardo de la Espriella presentó lo que llamó la “caja negra” que, según dijo, encontró en los archivos y sistemas de contratación al recibir la administración, un mes y medio después de la salida de Gustavo Petro.
Según el reporte difundido por el Ejecutivo y recogido por El Colombiano, el cierre del mandato anterior registró un aumento del 595% en la suscripción de contratos durante el último período. El dato fue presentado como evidencia de un manejo irregular de la contratación pública en la fase final del gobierno precedente.
El anuncio se produjo en un contexto de revisión interna de los archivos heredados. Equipos técnicos del nuevo gobierno trabajan desde la posesión en un inventario de compromisos, obligaciones y procesos administrativos que quedaron en marcha, con el fin de determinar cuáles pueden continuarse, cuáles requieren ajustes y cuáles podrían ser objeto de revisión por los organismos de control.
El término “caja negra” fue utilizado por voceros del gobierno para describir el conjunto de documentos, cifras y decisiones de última hora que, a su juicio, no fueron transparentes durante la transición. La metáfora alude a la ausencia de información clara sobre el uso de recursos públicos en las semanas previas al cambio de mando.
Para la ciudadanía, la implicación directa es el seguimiento al destino de los fondos públicos ejecutados en el tramo final de la administración anterior. Organizaciones de veeduría y expertos en contratación estatal suelen señalar que los picos de contratación al cierre de gobiernos concentran riesgos de sobrecostos, incumplimiento y opacidad.
La información entregada por el gobierno de De la Espriella quedó a disposición de la opinión pública y de los entes de control. Será la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, en su órbita respective, las instancias competentes para determinar si existieron irregularidades contractuales y, de ser el caso, abrir las investigaciones correspondientes.
Entre las reacciones inmediatas, sectores políticos y económicos pidieron profundizar en el detalle de los contratos firmados en ese lapso. La oposición al gobierno anterior rechazó lo que consideró una “operación política” de desprestigio, mientras que aliados del nuevo Ejecutivo respaldaron la revisión y pidieron que se publiquen los nombres de los contratistas y los objetos contractuales.
Queda pendiente conocer el listado completo de los procesos contractuales señalados, los montos involucrados y la trazabilidad de los pagos. También se espera que el gobierno defina si presentará denuncias formales ante los organismos de control o si la información entregada se limitará a un ejercicio de rendición de cuentas públicas.