El presidente Abelardo de La Espriella declaró públicamente que impartió la orden de ejecutar una ofensiva militar contra las disidencias que lidera alias Iván Márquez, uno de los antiguos firmantes del acuerdo de paz de 2016 que regresó a la clandestinidad. La afirmación fue realizada en un evento oficial y reseñada por el medio Red+ con la frase “Di la orden y se cumplió”, que sintetiza el tono del mensaje presidencial.
En su intervención, el jefe de Estado vinculó la operación con la política de seguridad del gobierno y la presentó como una respuesta directa a las acciones armadas de esa facción disidente. El pronunciamiento ocurre en un contexto de presión sobre los grupos que abandonaron el proceso de paz o que nunca se acogieron a él, y que en los últimos años han mostrado una capacidad armada creciente en varias regiones del país.
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional son las encargadas de ejecutar las operaciones contra los grupos armados organizados. En el caso de las disidencias de Márquez, la inteligencia militar y los comandos conjuntos han sostenido una presión sostenida sobre sus estructuras, especialmente en zonas selváticas y de difícil acceso donde este tipo de organizaciones suele refugiarse.
De La Espriella también aprovechó el momento para referirse a las Zonas de Aislamiento Constitucional para la Negociación, conocidas como ACSN, la figura que se ha discutido como mecanismo para habilitar diálogos con estructuras armadas bajo ciertas condiciones de aislamiento judicial. El presidente dejó entrever su posición sobre el futuro de estas zonas, al vincularlas con la disposición de los grupos a negociar de buena fe.
Las ACSN fueron concebidas como un instrumento legal para permitir acercamientos con organizaciones armadas, suspendiendo órdenes de captura dentro de un perímetro definido y por un tiempo limitado. Su puesta en práctica depende de la voluntad política del gobierno y de que el grupo armado interesado cumpla requisitos de seriedad, entre ellos el cese de actividades ilícitas y la liberación de secuestrados.
La declaración presidencial reaviva el debate en Colombia sobre el equilibrio entre la presión militar y los espacios de diálogo. Sectores que defienden la vía militar argumentan que la negociación solo es viable cuando las estructuras armadas muestran voluntad real. Quienes promueven el diálogo señalan que el aislamiento total de esos grupos prolonga el conflicto y dificulta la desmovilización de sus integrantes.
Para la ciudadanía, el impacto se mide en la seguridad de los municipios afectados por la presencia de estas disidencias, donde la población civil ha sido históricamente la principal víctima de extorsiones, secuestros y confrontaciones armadas. Una ofensiva sostenida puede traducirse en una reducción de estas conductas, aunque también puede generar desplazamientos forzados si los combates se acercan a zonas habitadas.
En materia institucional, la afirmación del presidente sobre haber dado la orden deja en evidencia el rol de la comandancia militar en la ejecución de la estrategia. La cadena de mando en Colombia reserva al Comandante General de las Fuerzas Militares la conducción de las operaciones, y el presidente fija los lineamientos políticos y estratégicos, según la normatividad vigente.
El episodio también pone la lupa sobre las disidencias de Márquez, cuya influencia territorial ha variado desde su reaparición pública. Analistas y medios han reportado su presencia en zonas selváticas y en regiones fronterizas, aunque la magnitud exacta de su control es debatida y depende de fuentes de inteligencia que no siempre se hacen públicas.
Queda por verse si el gobierno entrega más detalles sobre la operación anunciada, el número de efectivos involucrados y los resultados medibles en términos de capturas, bajas o desmovilizaciones. También se espera claridad sobre el camino que tomarán las ACSN: si se convierten en una herramienta concreta para eventuales diálogos o si la retórica presidencial marca, en la práctica, su cierre definitivo.