La Casa Blanca publicó su lista anual de países descertificados en la lucha contra el narcotráfico. Colombia volvió a quedar en ese listado, junto con otros Estados señalados por no cumplir los compromisos antinarcóticos, mientras Venezuela salió de la clasificación, según el seguimiento diario del gobierno de Abelardo de la Espriella que publicó La Silla Vacía.
La descertificación es un informe que cada año entrega el Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos. Evalúa el cumplimiento de metas como la erradicación de cultivos ilícitos, la interdicción de cargamentos y la captura de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Cuando un país queda fuera de la certificación enfrenta restricciones en cooperación y en el apoyo financiero de Washington.
Colombia ha sido certificada en la mayoría de los años desde el inicio de este mecanismo, pero en el pasado reciente ha alternado entre la certificación y la descertificación. El resultado vuelve a poner en primer plano la tensión entre el gobierno de turno y Washington sobre el rumbo de la política antinarcóticos, en medio del debate interno sobre la sustitución de cultivos y la lucha contra el narcotráfico.
El gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una ley de sometimiento a la justicia que, según el reporte diario, hace parte de la estrategia contra el crimen organizado. La idea es ofrecer condiciones para que integrantes de grupos armados y estructuras criminales se sometan a la justicia, un debate que ha estado en la mesa pública desde la implementación de la Ley de Justicia y Paz y los acuerdos con las Autodefensas.
En el frente diplomático, el canciller retomó la agenda en la ONU tras la decisión de Washington. La cita multilateral se vuelve un escenario clave para reposicionar el diálogo con la comunidad internacional, en particular tras el anuncio del gobierno estadounidense y ante un contexto regional marcado por la situación en Venezuela.
La descertificación trae efectos concretos para Colombia. Los fondos del Plan Colombia se han reducido desde hace años, pero la certificación condiciona además el acceso a ayuda de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y al financiamiento de algunas iniciativas antinarcóticos, lo que obliga al gobierno a buscar nuevas fuentes de cooperación.
El contraste con Venezuela no pasó desapercibido. Caracas fue incluida durante varios años en la lista, una decisión acompañada de sanciones y presión diplomática. Su salida del listado cambia el escenario regional y deja a Colombia como el único país vecino en la lista de descertificados, lo que añade presión política al gobierno de Abelardo de la Espriella.
Quedan varios puntos por esclarecer. Aún no se conoce la fecha en que el gobierno radicará formalmente la ley de sometimiento ni los alcances que tendrá para las organizaciones criminales. Tampoco se conoce si Washington impondrá medidas adicionales más allá del informe ni cuál será la respuesta del presidente Abelardo de la Espriella tras conocer la publicación del Departamento de Estado.