El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que su gobierno dio por terminados todos los procesos de diálogo y los espacios sociojurídicos abiertos con organizaciones armadas. El anuncio incluyó el cierre de las mesas que funcionaban en Buenaventura y Quibdó, dos de los escenarios más sensibles del país por la presencia histórica de grupos vinculados al narcotráfico y a economías ilegales.
Con esta decisión se liquida de forma oficial la política de paz total, la estrategia bandera del gobierno de Gustavo Petro que buscaba acercar al Estado con estructuras armadas y criminales bajo figuras como los espacios sociojurídicos. Esos mecanismos permitían suspender acciones penales contra miembros de ciertos grupos a cambio de compromisos de desmovilización o sometimiento.
La paz total fue una de las apuestas más discutidas del periodo anterior. Sus defensores argumentaban que abrir canales de diálogo reducía la violencia en zonas donde el Estado tiene presencia limitada. Sus críticos señalaban que la figura debilitaba la fuerza pública y daba tiempo a organizaciones para fortalecerse mientras negociaban.
El cierre de los diálogos en Buenaventura y Quibdó tiene un peso particular. El puerto sobre el Pacífico ha sido epicentro de disputas entre bandas locales y estructuras del narcotráfico, con altos índices de violencia y desplazamiento. Quibdó, capital del Chocó, enfrenta una crisis humanitaria agravada por el control de grupos armados sobre el territorio y los ríos.
Para la ciudadanía, el fin de los espacios sociojurídicos implica que los miembros de estas organizaciones pierden la protección penal temporal que ofrecía la mesa de diálogo. También significa que cualquier acuerdo parcial queda sin efecto, lo que devuelve los expedientes a la justicia ordinaria y activa los procedimientos de captura y judicialización.
La administración de De La Espriella ha enmarcado su decisión en la necesidad de recuperar la autoridad del Estado y enfrentar de manera frontal a las estructuras criminales. Aunque no se han detallado aún los protocolos de transición, el mensaje central es que el nuevo gobierno no continuará con el modelo de negociación que rigió en el periodo anterior.
Organizaciones sociales y de derechos humanos han pedido en reiteradas ocasiones que cualquier cambio de política se haga con criterios de protección a las comunidades. En territorios como Buenaventura y Quibdó, donde la presencia institucional es débil, los giros en la política de seguridad suelen tener efectos inmediatos sobre la población civil.
Queda por conocer cómo se articularán las fuerzas militares y de policía para cubrir los espacios que dejaban los diálogos, y si se abrirá algún modelo distinto para los grupos que ya estaban en proceso de sometimiento. Por ahora, el cierre marca un punto de inflexión en la forma como el Estado colombiano se relaciona con las organizaciones armadas.