El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) rechazó públicamente los señalamientos del ministro designado de Agricultura, Indalecio Dangond, en torno al decreto de saneamiento predial. Según Infobae, el funcionario, adscrito al Ministerio de Agricultura, calificó de inexactas las críticas del próximo jefe de la cartera y sostuvo que la medida no constituye una expropiación, como planteó Dangond.
El cruce de versiones se conoce en un momento sensible: el país se prepara para el relevo presidencial y la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño. Dangond fue anunciado como próximo ministro de Agricultura y, desde esa condición, formuló reparos al decreto. Sus observaciones encendieron la respuesta inmediata del director de la ANT, que defiende la legalidad y los alcances de la herramienta.
El decreto de saneamiento predial es un instrumento que el Estado colombiano utiliza para revisar la situación jurídica de los predios rurales. Su propósito es esclarecer la propiedad, sanear los títulos y detectar situaciones irregulares, entre ellas posibles acumulaciones indebidas o nexos con hechos de violencia. La ANT es la entidad competente para adelantar estos procesos, en coordinación con otras ramas del poder público.
La discusión de fondo gira en torno al alcance del decreto. Dangond habría expresado que la figura se acerca a una expropiación por la vía administrativa. El director de la ANT negó esa lectura y argumentó que el procedimiento se ajusta al marco legal vigente. La diferencia de interpretación es relevante porque define el margen de acción del Estado frente a predios con situaciones jurídicas no resueltas.
El extracto de Infobae añade un componente sensible: el funcionario de Agricultura mencionó presuntos vínculos de algunos predios en Sucre con el paramilitarismo. Con esa afirmación puso sobre la mesa el antecedente histórico de acumulación de tierras en esa región del Caribe colombiano, donde diversos informes han documentado la presión armada sobre propietarios rurales y la posterior legalización de baldíos.
Sucre ha sido escenario recurrente de procesos de formalización y restitución de tierras. Organizaciones de víctimas y la propia jurisprudencia nacional han abordado casos en los que predios adquiridos o regularizados durante décadas pasadas presentan dudas sobre su origen. En ese contexto, cualquier decisión sobre saneamiento predial tiende a reactivar debates sobre justicia rural y reparación.
La controversia deja a la opinión pública frente a un dilema institucional. Por un lado, el gobierno saliente defiende un decreto que ya fue expedido y que produce efectos jurídicos. Por el otro, el ministro designado adelanta críticas que, de mantenerse, podrían traducirse en revisiones o derogaciones una vez asuma el nuevo gabinete. La ANT, como entidad ejecutora, queda en una posición incómoda hasta que se aclaren las señales políticas.
En lo inmediato, la discusión no modifica la situación de los predios ya intervenidos. Pero sí introduce una señal de cómo será la relación entre el equipo entrante y las entidades que ejecutan política de tierras. Sectores agropecuarios, organizaciones campesinas y víctimas del despojo observarán con atención si el decreto se mantiene, se ajusta o se deroga en las primeras semanas del gobierno de Abelardo de la Espriella.
Queda por conocer la respuesta pública de Dangond a la réplica del director de la ANT y si el próximo Ministerio de Agricultura fijará una posición formal antes de la posesión presidencial. También se espera que la ANT publique los criterios técnicos con los que aplica el decreto en Sucre y en otras zonas donde se concentran los procesos de saneamiento.