Didier Fabián Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue citado este martes por la Comisión Segunda del Senado para exponer las decisiones de su entidad frente al presupuesto de 2027. En su intervención, Blanco entregó detalles sobre los costos de los esquemas asignados a algunas personalidades protegidas por el Estado.
Según lo informado por el funcionario, el esquema de protección asignado a Juliana Guerrero tuvo un costo de 739 millones de pesos. La revelación generó reacciones entre los congresistas, quienes pidieron explicaciones sobre los criterios utilizados para asignar recursos a determinado tipo de protegidos.
La UNP es la entidad encargada de otorgar medidas de protección a personas que enfrentan riesgos extraordinarios por su actividad pública, política, social o por su condición de vulnerabilidad. Entre sus protegidos se encuentran líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, funcionarios y excombatientes de procesos de paz.
En la misma sesión, Blanco anunció que quedó frenada la extensión de escoltas para Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', exjefe de las Farc y firmante del Acuerdo de Paz de 2016. La decisión se tomó en el marco de la revisión presupuestal de la entidad para el próximo año.
La medida implica que el esquema de protección del excombatiente no será ampliado en el corto plazo, en línea con el ajuste general de gastos que atraviesa la UNP. Voceros de la entidad han señalado en otras ocasiones que los recursos disponibles no alcanzan para cubrir la totalidad de las solicitudes.
La Comisión Segunda del Senado, que recibió al director, tiene dentro de sus funciones el seguimiento a temas de seguridad nacional, defensa y orden público. La citación hace parte del control político que el Legislativo ejerce sobre las entidades del Estado.
Este tipo de audiencias se han vuelto frecuentes en medio de la preparación del presupuesto nacional para 2027, cuando varias dependencias del Gobierno debenson sus planes de gasto ante el Congreso. La UNP suele ser una de las más cuestionadas por el volumen de sus protegidos y los montos involucrados.
La revelación sobre el costo del esquema de Juliana Guerrero pone en evidencia la discusión sobre la priorización de los recursos de protección. Para los ciudadanos, el debate toca un punto sensible: cómo se distribuyen los fondos públicos destinados a garantizar la seguridad de personas en riesgo.
Por ahora, la decisión sobre los escoltas de 'Timochenko' queda en suspenso hasta que se definan los lineamientos presupuestales de la entidad para el año entrante. La UNP deberá explicar en próximos espacios los criterios técnicos que sustentan cada una de sus decisiones de protección.