El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, salió al cruce de las declaraciones del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. La respuesta se dio después de que el mandatario local formulara señalamientos sobre el manejo de recursos públicos, según reportó El Tiempo.
Ríos fue enfático en defender el procedimiento oficial. Aseguró que el esquema de seguridad asignado se ciñe al protocolo del presidente, lo que deja la decisión en manos de la Casa de Nariño y no de las autoridades locales. Con esa explicación, el funcionario buscó cerrar la polémica antes de que escalara en la opinión pública.
El Dapre es la entidad encargada de coordinar el apoyo administrativo y logístico de la Presidencia. Dentro de sus funciones está la articulación con la Unidad Nacional de Protección y con la Policía Nacional para garantizar la seguridad del jefe de Estado y de su familia, de acuerdo con los estudios de riesgo que actualizan las autoridades competentes.
La controversia se origina en declaraciones previas de Acuña, quien puso en duda el uso de recursos públicos relacionados con la seguridad presidencial en la región. Esas afirmaciones, difundidas en medios locales, motivaron la respuesta inmediata del director del Dapre, que buscó dejar claro que no hay discrecionalidad en la materia.
Para los ciudadanos, este cruce de versiones reabre el debate sobre la transparencia en el gasto asociado a la protección del presidente. Aunque el protocolo es de carácter reservado, la ciudadanía exige cada vez más rendición de cuentas sobre los rubros destinados a la seguridad de altos funcionarios.
La figura del alcalde Yahir Acuña, abiertamente crítico del Gobierno nacional, añade un componente político al episodio. Su posición lo ubica entre los mandatarios locales que han cuestionado decisiones del Ejecutivo, lo que convierte la respuesta del Dapre en un mensaje directo hacia otros alcaldes que pudieran sumarse a los reclamos.
Desde la Casa de Nariño no se han divulgado, por ahora, documentos que respalden técnicamente la versión de Ríos. El Tiempo no publicó cifras ni fechas específicas sobre el esquema de seguridad en discusión, por lo que el contraste de versiones depende de los comunicados oficiales que cada parte entregue en los próximos días.
El caso deja abierta la pregunta sobre qué instancia debe dirimir el desacuerdo. El Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección podrían pronunciarse si la controversia se mantiene, mientras que la opinión pública espera claridad sobre el uso de los recursos involucrados.
Por lo pronto, la respuesta del director del Dapre marca la posición oficial del Gobierno frente al tema. Cualquier avance adicional dependerá de nuevos pronunciamientos del alcalde Acuña o de un comunicado formal de la Presidencia que detalle el protocolo aplicado.