Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), compareció ante el Congreso y afirmó que las órdenes de prestación de servicios (OPS) en esa entidad registran un crecimiento del 595% entre 2022 y 2026. La denuncia fue reseñada por La FM en su cobertura del debate legislativo.
Las OPS son una modalidad de contratación usada por entidades públicas para vincular personal por períodos determinados, sin que medie relación laboral mediante concurso. En el DAPRE, entidad que apoya directamente al presidente en el funcionamiento del Ejecutivo, este tipo de contratos se emplea para tareas administrativas, jurídicas, logísticas y de asesoría, entre otras.
El DAPRE ha sido tradicionalmente una de las entidades del Estado con mayor proporción de personal vinculado por OPS frente a la planta oficial, según han señalado en distintos momentos la Contraloría General y el Departamento Administrativo de la Función Pública. El uso de esta figura se ha incrementado en las últimas décadas para cubrir necesidades específicas sin ampliar los cargos de carrera.
Una variación del 595% implica que por cada contrato vigente en 2022 habría alrededor de siete en 2026, tomando como referencia los extremos del período señalado. El DAPRE no había publicado hasta el momento de la declaración un desglose oficial detallado que permita contrastar la cifra con los registros del Secop o de la Función Pública.
La denuncia se produjo en medio de la discusión presupuestal y de las sesiones de control político que el Congreso adelanta sobre distintas entidades del orden nacional. En ese escenario, los legisladores suelen requerir explicaciones sobre el crecimiento de la contratación directa y la planta temporal, uno de los puntos sensibles del debate sobre el tamaño del Estado.
Para los ciudadanos, el dato abre preguntas sobre el destino de los recursos asignados al DAPRE y sobre los criterios con que se asignan los contratos por OPS, incluida la transparencia en la selección de contratistas y la idoneidad de quienes son vinculados para apoyar la gestión presidencial. También reaviva la discusión sobre los límites entre la contratación legítima y el uso indebido de esta modalidad.
Desde el DAPRE no se había emitido, al cierre de esta nota, una respuesta oficial con el detalle de los contratos firmados año a año ni con la justificación del crecimiento reportado. Tampoco se conoce un pronunciamiento específico de la Presidencia sobre las afirmaciones de su propio director.
Queda pendiente conocer las cifras consolidadas que respaldan el porcentaje anunciado, las áreas de la entidad donde se concentró el aumento y las explicaciones que ofrezcan tanto el DAPRE como el Ministerio de Hacienda, en caso de que el Congreso cite a sus representantes a nuevas sesiones de control político.