La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) interpuso una denuncia por amenazas de muerte en su contra, según informó Infobae. La funcionaria, que asumió el cargo por designación del presidente Abelardo de la Espriella, solicitó formalmente que se identifique a los perfiles desde los que se difundieron los mensajes intimidatorios y se determine si los hechos configuran alguna conducta penal.
El Icbf es la entidad encargada de la protección y atención de niños, niñas, adolescentes y familias en Colombia. Su dirección ha sido históricamente una de las posiciones más sensibles del gabinete, por la visibilidad institucional y por la misión social que cumple. Por eso las amenazas contra quien lo dirige suelen activar protocolos de seguridad y abrir investigaciones disciplinarias y penales en paralelo.
La denuncia se enfoca en dos líneas concretas: el rastreo de los perfiles que originaron los mensajes y la verificación de si existen Tipos penales aplicables. Esa ruta es la que suele seguir este tipo de casos en Colombia, donde la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional tienen competencia para investigar intimidaciones cometidas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.
Tras conocerse la denuncia, el presidente Abelardo de la Espriella publicó un mensaje de respaldo a la funcionaria. La declaración, difundida en sus canales oficiales, incluyó la frase “Quien se mete con un funcionario de mi gobierno se mete con el Tigre”, una expresión que se suma a la lista de respuestas públicas que el mandatario ha dado frente a situaciones de riesgo que involucran a miembros de su gabinete.
El episodio ocurre en un contexto de alta polarización política y de fuerte actividad en redes sociales, espacios donde las amenazas digitales contra servidores públicos se han vuelto recurrentes en los últimos años en Colombia. Organizaciones de prensa y entidades como la FLIP han advertido sobre el aumento de este tipo de intimidaciones, especialmente contra mujeres que ocupan cargos de liderazgo en el Estado.
Por ahora, no se conoce públicamente un parte detallado sobre la magnitud de la amenaza ni sobre los mecanismos de protección que se habrían activado para resguardar a la funcionaria. La investigación que se abra a partir de la denuncia será la que determine quiénes están detrás de los mensajes y si las intimidaciones configuran un delito susceptible de sanción penal.
El caso queda entonces en manos de los organismos de seguridad y de la justicia colombiana, mientras el Gobierno mantiene su respaldo público a la funcionaria. Queda pendiente conocer los avances de la investigación, eventuales capturas o imputaciones y si el Icbf adopta medidas internas adicionales mientras avanza el proceso judicial.