En su más reciente alocución, el presidente electo Abelardo De La Espriella reiteró que el próximo 7 de agosto Colombia cerrará un ciclo que, en sus palabras, privilegió a los delincuentes. Anunció el desmontaje de lo que denominó el modelo de falsa paz y sostuvo que su gobierno tendrá como eje la seguridad de la población.
De La Espriella se refirió de forma directa a la estrategia conocida como Paz Total, implementada por el gobierno de Gustavo Petro desde 2022. Esa política buscó abrir acercamientos con grupos armados organizados, incluidos el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, bajo la figura de diálogos y sometimientos. El balance de esos procesos fue objeto de debate público por los resultados obtenidos en materia de reducción de la violencia.
El pronunciamiento del presidente electo se inscribe en la línea que había expuesto durante la campaña. En distintos escenarios prometió que revisaría los acuerdos vigentes con grupos armados y que endurecería las condiciones para quienes persistan en actividades ilícitas. La alocución fue el primer mensaje formal en esa dirección tras su elección.
Según explicó De La Espriella, el nuevo enfoque buscará que la fuerza pública recupere presencia en los territorios donde hoy los grupos armados ejercen control. También planteó que se revisarán los beneficios penales y judiciales otorgados en el marco de la política anterior, aunque no entregó un cronograma detallado de esa revisión en el extracto conocido.
La directriz llega en un momento sensible para las regiones. Organizaciones sociales y sectores productivos del suroccidente, el Catatumbo y el Bajo Cauca han reportado afectaciones por enfrentamientos entre grupos armados y por la presencia de economías ilegales que se sostienen bajo la sombra de los acuerdos de no agresión. La expectativa es que un viraje en la política modifique esa dinámica, aunque los resultados dependerán de la implementación concreta.
Sectores políticos de oposición celebraron el anuncio y lo calificaron como un giro necesario frente al deterioro de la seguridad. Sectores oficialistas, en cambio, defendieron la continuidad de los diálogos y advirtieron que desmontar los procesos sin una alternativa podría reactivar el escalamiento del conflicto armado. El extracto divulgado no recoge reacciones específicas, por lo que el pulso político se conocerá en los próximos días.
En materia institucional, el cambio implica una reforma del marco normativo que soportó la Paz Total. La Ley 2272 de 2022 y los decretos reglamentarios definieron las reglas de juego para los acercamientos. De La Espriella sugirió que su gobierno impulsará ajustes a esos instrumentos, aunque la forma y el alcance dependerán de los proyectos que presente el Ministerio de Defensa y del aval del Congreso.
La comunidad internacional también observa el viraje. Estados Unidos, la Unión Europea y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia han acompañado los procesos de diálogos y han pedido respeto por los compromisos adquiridos. El cambio de política exigirá una diplomacia activa para explicar el nuevo rumbo sin fracturar los respaldos recibidos.
Para los ciudadanos del común, la promesa central es recuperar la tranquilidad en zonas donde el control lo ejercen estructuras armadas. Esa percepción es la que llevó el tema de la seguridad al centro del debate electoral. Ahora, el gobierno entrante deberá traducir el anuncio en decisiones concretas, recursos y resultados verificables, porque el ciclo que se abre el 7 de agosto será medido por la evolución de los indicadores de violencia y por la presencia efectiva del Estado en las regiones.