La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada de Colombia (Confevip) entregó al Gobierno nacional un plan de cinco ejes para el período 2026-2030. La propuesta combina tecnología, vigilancia privada y protección digital, y fue detallada por Infobae.
Entre los puntos centrales del documento aparecen el uso de drones, la incorporación de cámaras con reconocimiento facial y la construcción de diez cárceles. Son herramientas que el gremio considera necesarias para reforzar la capacidad operativa del Estado en materia de seguridad.
Confevip agrupa a las empresas del sector de la vigilancia privada en Colombia, una industria que presta servicios de seguridad física, monitoreo electrónico y protección personal a entidades públicas y privadas. Su interlocución directa con el Ejecutivo la convierte en un actor relevante dentro del debate sobre el modelo de seguridad del país.
La propuesta llega en un momento en el que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella enfrenta retos persistentes en materia de orden público, hacinamiento carcelario y crimen organizado. Por eso, las recomendaciones del gremio se inscriben en la búsqueda de herramientas complementarias a la fuerza pública.
El plan contempla un horizonte de cinco años, lo que obliga a pensar en su financiación, en la articulación con la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y el INPEC, y en el marco regulatorio que regula la vigilancia privada en Colombia. Cualquier implementación requerirá coordinación interinstitucional y ajustes normativos.
Para la ciudadanía, las medidas planteadas tendrían efectos en la percepción de seguridad, en la protección de datos personales por el uso de biometría y en la capacidad del sistema penitenciario. El reconocimiento facial, por ejemplo, abre un debate sobre la privacidad que ya se ha dado en otros países.
Sobre la construcción de diez nuevas cárceles, el gremio busca responder al histórico hacinamiento que reportan los centros de reclusión del país. Más cupos permitirían descongestionar los penales actuales y mejorar las condiciones de reclusión, aunque la iniciativa debe superar filtros técnicos y presupuestales.
La pelota queda ahora en el Ejecutivo. El Gobierno deberá evaluar la viabilidad técnica y fiscal de cada eje, definir qué componentes se incorporan a la política de seguridad y abrir canales de diálogo con el Congreso si se requieren cambios legales. Por ahora, la propuesta es un insumo dentro de la conversación nacional sobre seguridad.
Según Infobae, esta es la primera vez que Confevip articula una propuesta de esta magnitud con un horizonte quinquenal. El gremio espera que el plan sea recibido como una hoja de ruta común entre el sector privado y el Estado para los próximos años.