Estados Unidos dio a conocer las primeras líneas de un plan de cooperación bilateral dirigido al gobierno de Abelardo de la Espriella, al que sus impulsores denominan Plan Patriota 2.0, según informó el portal Pulzo. La denominación evoca el operativo militar que ese país financió en Colombia a comienzos de la década de 2000 contra las guerrillas de las FARC y el ELN en el sur del país.
De acuerdo con la fuente, la nueva iniciativa se presentaría como una actualización de esa estrategia y contemplaría acciones en frentes como seguridad, lucha contra el narcotráfico y cooperación operativa entre fuerzas de ambos países. Pulzo señala que el plan puede resultar controversial por la profundidad de la injerencia que plantea y por los antecedentes de la versión original del Plan Patriota.
El contexto inmediato es la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, hecho que abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales con Washington. En los primeros contactos entre los dos gobiernos, la diplomacia estadounidense planteó la necesidad de un marco de cooperación más articulado frente a los retos de seguridad en la región andina.
La propuesta llega en un momento sensible para la política antinarcóticos regional. Colombia es el principal productor de cocaína del mundo, según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y Washington ha incrementado en los últimos años la presión sobre los gobiernos de la región para reducir los cultivos de uso ilícito y los flujos hacia Estados Unidos.
El Plan Patriota original, ejecutado entre 2003 y 2007 aproximadamente, fue una de las operaciones de asistencia militar más grandes de Estados Unidos fuera de Oriente Medio. Involucró el despliegue de efectivos norteamericanos en territorio colombiano, principalmente en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Huila, y concentró sus acciones en cabecillas de las FARC y áreas de cultivos de coca.
Organizaciones de derechos humanos y sectores políticos colombianos han cuestionado en distintas ocasiones los efectos colaterales de aquel operativo, señalando episodios de desplazamiento forzado y afectación a comunidades campesinas e indígenas en las zonas de operaciones. Esos antecedentes son parte del debate que anticipa Pulzo sobre la nueva versión del plan.
Para la ciudadanía, la posible reactivación de un esquema de cooperación de esa magnitud tiene implicaciones directas. Puede traducirse en más presencia de personal militar y contratistas extranjeros en regiones ya afectadas por la violencia, en cambios en la política de fumigación de cultivos ilícitos y en condicionamientos a la ayuda económica de Estados Unidos a Colombia.
Desde el lado estadounidense, el plan también responde a preocupaciones internas como el flujo de drogas sintéticas y opiáceos que llegan a sus ciudades. Por eso, la cooperación con Colombia suele aparecer como pieza central de cualquier política antinarcóticos de Washington, independientemente del partido que ocupe la Casa Blanca.
Por ahora, el gobierno de De la Espriella no ha emitido una respuesta oficial detallada sobre los alcances del Plan Patriota 2.0. Queda pendiente conocer los ejes específicos de la propuesta, los montos de inversión previstos y si requerirá aprobación del Congreso colombiano, dado que la cooperación militar con tropas extranjeras en territorio nacional suele estar sujeta a controles legales internos.
La reacción de sectores políticos, organizaciones sociales y países vecinos será clave en las próximas semanas. Mientras Estados Unidos defiende la estrategia como una herramienta contra el crimen transnacional, las críticas apuntan a los riesgos de soberanía y a los antecedentes del Plan Patriota original.