Según informó HSB Noticias, el Ejecutivo confirmó que el 20 de julio radicará en el Congreso de la República un proyecto de ley para prohibir de forma definitiva la explotación de hidrocarburos mediante la técnica de fracking en Colombia. La fecha coincide con la instalación del nuevo periodo legislativo, una jornada en la que suelen presentarse las iniciativas prioritarias del Gobierno.
La propuesta cuenta con el respaldo de los ministerios de Minas y Energía, según detalla el extracto de la fuente. El fracking, también conocido como fracturamiento hidráulico, es una técnica de extracción de gas y petróleo que utiliza grandes volúmenes de agua mezclada con químicos y arena para liberar los hidrocarburos atrapados en formaciones de roca de baja permeabilidad.
El debate sobre el fracking en Colombia se remonta a más de una década. Entre 2012 y 2018 la Agencia Nacional de Hidrocarburos adelantó pilotos de exploración en yacimientos no convencionales, lo que generó una fuerte controversia por sus posibles impactos en el agua, el suelo y las comunidades cercanas. En 2022 la Corte Constitucional tomó decisiones sobre los contratos firmados bajo la modalidad de yacimientos no convencionales, lo que abrió un nuevo capítulo en la discusión normativa.
La posibilidad de prohibir esta técnica ha sido una demanda histórica de organizaciones ambientales, comunidades de zonas de influencia y sectores políticos que argumentan riesgos sobre los acuíferos y los ecosistemas. Al mismo tiempo, gremios del sector petrolero y expertos en energía han señalado que el fracking es una herramienta para aumentar las reservas de gas y petróleo del país, en un contexto de caída gradual de la producción convencional.
De aprobarse la ley, Colombia se sumaría a un grupo de países que han restringido o prohibido esta técnica de forma total o parcial, entre ellos Francia, Alemania y algunos estados de Estados Unidos. Otros países de la región, como Argentina, han mantenido su uso como parte de su estrategia de producción de gas no convencional.
Para la ciudadanía, el proyecto abre interrogantes sobre el futuro de la matriz energética del país, la inversión extranjera en el sector de hidrocarburos y la transición hacia fuentes de energía más limpias. También puede tener efectos en las regalías que reciben municipios productores y en los empleos asociados a la exploración y producción de petróleo y gas.
Ahora el texto deberá surtir su trámite en el Congreso, donde enfrentará los debates propios de cualquier iniciativa de esta magnitud. Los ponentes, las comisiones competentes y el calendario de discusión dependerán de la Mesa Directiva y de las bancadas, en un nuevo periodo legislativo que comienza precisamente el 20 de julio.
La fuente consultada no detalla el articulado del proyecto ni las sanciones contempladas para quienes incumplan la prohibición, aspectos que seguramente serán objeto de análisis en las próximas semanas una vez se conozca el texto completo radicado por el Gobierno nacional.