El expresidente Juan Manuel Santos salió al paso de las declaraciones del gobierno entrante sobre la fusión de oficinas de paz. En su reacción, negó que el Acuerdo Final firmado en 2016 con las FARC haya dado origen a las disidencias o haya fortalecido a las bandas criminales que hoy operan en distintos territorios del país.
La respuesta de Santos se conoce en un contexto de reorganización institucional. El gobierno entrante ha planteado fusionar distintas oficinas y entidades dedicadas a la construcción de paz, como parte de su política de austeridad y reorganización del Estado. Esta decisión ha abierto un debate nacional sobre el futuro de los programas de reintegración, atención a víctimas y prevención de violencia.
El Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC, suscrito en noviembre de 2016 tras cuatro años de negociaciones en La Habana, contempló la creación de instancias como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Consejo Nacional de Reincorporación. Estas entidades han tenido roles diferenciados en el seguimiento de los compromisos pactados.
Para Santos, relacionar al Acuerdo con el surgimiento de grupos armados ilegales posteriores refleja, en sus palabras, un desconocimiento del proceso. El expresidente ha sostenido en distintas ocasiones que las disidencias surgieron tras la dejación de armas de miles de combatientes, mientras que las bandas criminales tienen trayectorias anteriores al proceso de paz.
La fusión de oficinas de paz tiene implicaciones directas sobre las personas en proceso de reincorporación, las comunidades en zonas afectadas por el conflicto y los organismos internacionales que acompañan la implementación. Organizaciones sociales y de víctimas han pedido claridad sobre cómo se mantendrán los compromisos adquiridos con las comunidades.
El debate también toca la cooperación internacional. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y varios países donantes han seguido de cerca la implementación del Acuerdo. Cualquier cambio institucional genera preguntas sobre la continuidad de los compromisos en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Hasta el momento, el gobierno entrante no ha detallado públicamente cómo quedará la nueva estructura ni cuántas dependencias se verán afectadas. Sectores políticos cercanos al uribismo han defendido la fusión como una medida de eficiencia, mientras que voces del centro y la izquierda han advertido sobre los riesgos de debilitar la institucionalidad de paz.
La intervención de Santos, único colombiano ganador del Nobel de Paz, le da peso mediático al debate. Su defensa pública del Acuerdo ocurre en un momento político sensible, cuando el nuevo gobierno busca consolidar su agenda y redefine la relación con los procesos de diálogo en curso, incluida la posibilidad de nuevas negociaciones con grupos armados.
Queda por verse si el gobierno entrante responde a las declaraciones del expresidente o si el tema queda en el terreno del debate mediático. Lo cierto es que la fusión de oficinas de paz, la reincorporación de excombatientes y la seguridad en los territorios seguirán siendo temas centrales de la opinión pública durante los próximos meses.
Por ahora, la discusión deja sobre la mesa una pregunta de fondo: cómo reorganizar la institucionalidad de paz sin poner en riesgo los avances en materia de reintegración y atención a víctimas. Esa tensión entre eficiencia del Estado y protección de los acuerdos será clave en las próximas decisiones del gobierno.