El antiguo secretariado de las extintas Farc dirigió una comunicación al presidente electo Abelardo de la Espriella. La carta, divulgada por medios nacionales, buscaba responder a las observaciones que el nuevo gobierno ha formulado sobre dos de los ejes más sensibles del proceso de paz: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el contenido mismo del Acuerdo firmado en 2016.
En el documento, los exjefes de la guerrilla plantearon la apertura de un espacio de conversación con el gobierno entrante. Propusieron que ese diálogo se enfoque en la implementación de los puntos pendientes del Acuerdo, entre ellos los relacionados con la justicia transicional y la reparación a las víctimas.
La JEP es el componente de justicia del Acuerdo de Paz encargado de investigar, juzgar y sancionar los graves delitos cometidos durante el conflicto armado. Su diseño contempla sanciones propias, verdad, reparación y garantías de no repetición para excombatientes de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y terceros.
Desde la campaña y el inicio de la transición, Abelardo de la Espriella formuló reparos públicos a la JEP y al texto del Acuerdo. Sus cuestionamientos se sumaron al debate nacional sobre la extensión de las competencias del tribunal, los tiempos de los procesos y la situación de loscomparecientes que han incumplido compromisos.
La solicitud de diálogo se inscribe en la dinámica habitual de transición entre un gobierno saliente y uno entrante. Los firmantes del Acuerdo suelen buscar interlocución directa con el nuevo Ejecutivo para garantizar la continuidad de lo pactado, un principio reiterado tanto por la Corte Constitucional como por la Jurisdicción Especial de Paz.
La carta del antiguo secretariado se conoce en un contexto de revisión política del Acuerdo de Paz. Diversos sectores han pedido ajustes a la implementación, mientras que las víctimas y las comunidades afectadas esperan que se respeten los derechos reconocidos en el texto firmado en Cartagena.
Por ahora, el contenido de la carta y los términos del diálogo propuesto quedaron remitidos a la consideración del nuevo gobierno. La respuesta del presidente electo a esta solicitud será determinante para definir la relación entre el Estado y los excombatientes durante el periodo que se inicia.
Queda pendiente conocer la posición oficial del gobierno entrante frente a la propuesta de diálogo. También se aguarda si la conversación incluirá a otros firmantes del Acuerdo, a las víctimas y a los organismos de control que vigilan la implementación.