A pocos días del cambio de mando, Colombia atraviesa la peor ola de violencia en una década, de acuerdo con el reporte de orden público que el gobierno de Gustavo Petro entrega a Abelardo de la Espriella, próximo presidente del país.
El balance, divulgado por Cablenoticias, resume los principales indicadores de criminalidad y conflicto armado al cierre de la administración saliente. El documento se convierte en la carta de presentación del estado de seguridad que recibe el nuevo jefe de Estado.
Para dimensionar el hecho, hay que recordar que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional publican periódicamente estadísticas sobre homicidios, masacres, secuestros, extorsiones y acciones de grupos armados. Esos reportes son la base sobre la cual se construye el balance que una administración entrega a la siguiente.
La transición en materia de seguridad ocurre en un contexto de reconfiguración de los grupos armados ilegales. El ELN, las disidencias de las extintas Farc y bandas criminales como el Clan del Golfo mantienen presencia en distintas regiones y son responsables de buena parte de los hechos violentos reportados.
La peor ola de violencia en una década implica un retroceso en indicadores que venían mejorando. Regiones como el Cauca, el Catatumbo, Putumayo y el sur de Bolívar concentran alertas por enfrentamientos entre grupos armados, restricciones a la movilidad y presiones sobre la población civil.
Para la ciudadanía, el balance tiene efectos directos. Las comunidades de zonas rurales son las más afectadas por masacres, desplazamientos forzados y confinamientos. En las ciudades, el impacto se mide en tasas de homicidio, extorsión a comerciantes y disputas de microtráfico que alteran la convivencia.
La entrega del balance se produce en un momento sensible del calendario político. El nuevo gobierno debe nombrar su equipo de seguridad, definir la política de paz y trazar la estrategia frente a los grupos armados en los primeros meses de gestión.
Sobre la mesa quedan tareas pendientes: fortalecer la inteligencia militar, esclarecer los hechos de violencia que continúan impunes, garantizar la protección de líderes sociales y firmantes de acuerdos, y avanzar en la articulación con la Fiscalía y la Rama Judicial.
En las próximas semanas se espera que Abelardo de la Espriella designe al nuevo ministro de Defensa y al comandante de la Policía Nacional, dos decisiones que marcarán la dirección de la política de seguridad del cuatrienio que comienza.
Por ahora, el balance entregado por Petro deja una línea base para medir la gestión del gobierno entrante: si los indicadores de violencia mejoran, empeoran o se mantienen, serán la vara con la que la opinión pública y el observatorio ciudadano evaluarán al nuevo Ejecutivo.