La Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentó un balance sobre la política de paz total, la estrategia bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro para intentar desactivar simultáneamente a múltiples organizaciones armadas. Según el extracto disponible, la FIP concluyó que el balance de esa apuesta es negativo.
El reporte señala que hubo deficiencias en el diseño institucional y jurídico que soportó la política. Esos vacíos habrían comprometido la coherencia entre los objetivos declarados de la paz total y los instrumentos legales disponibles para ejecutarla, lo que abrió márgenes de maniobra para los grupos armados en negociación.
La FIP también apuntó a decisiones adoptadas durante las propias mesas de diálogo como un factor que contribuyó al fortalecimiento de varias estructuras armadas. Aunque el extracto no detalla cuáles fueron esas decisiones ni con qué organizaciones, el señalamiento apunta a que las condiciones o los ritmos de las conversaciones habrían terminado beneficiando a los grupos involucrados en vez de debilitarlos.
La política de paz total fue lanzada por el gobierno Petro con el propósito de avanzar simultáneamente en conversaciones con grupos armados como el ELN, disidencias de las antiguas FARC y organizaciones criminales. La idea central era acumular resultados tempranos para consolidar la estrategia, pero el reporte sugiere que esos resultados no llegaron en la dirección esperada.
El análisis de la FIP se suma a un debate que ya existía dentro y fuera del gobierno sobre la viabilidad de negociar al mismo tiempo con múltiples estructuras, muchas de ellas con intereses y operaciones disímiles en distintas regiones del país. La evaluación sostiene que ese enfoque simultáneo no logró traducirse en reducciones sostenidas de la violencia ni en desmovilizaciones verificables.
Para la ciudadanía, el saldo descrito por la FIP tiene implicaciones directas. En zonas donde operan los grupos mencionados, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes han sido afectadas por enfrentamientos, restricciones a la movilidad y disputas territoriales. Un eventual fracaso de la negociación, según la lectura del reporte, se traduce en una prolongación de esos riesgos.
El documento también reabre la discusión sobre el rol que juegan los marcos legales y las instituciones del Estado en cualquier proceso de diálogo. La FIP habría advertido que sin un andamiaje jurídico sólido, las conversaciones corren el riesgo de convertirse en espacios que terminan por legitimar o consolidar a los actores armados en lugar de conducirlos a un desarme efectivo.
Entre los retos que quedan sobre la mesa, el reporte deja abierta la pregunta por el futuro de las mesas activas y por la necesidad de revisar los mecanismos institucionales que soportan los diálogos. La FIP no se limita a diagnosticar, sino que entrega elementos para que el gobierno y la opinión pública evalúen qué partes de la estrategia requieren ajustes y bajo qué condiciones podrían retomarse los contactos.
Queda por conocer la respuesta oficial del gobierno a las conclusiones del documento y las reacciones de los grupos que participan o participaron en las mesas. Mientras tanto, el balance de la FIP se convierte en un insumo clave para entender por qué la paz total, concebida como la principal apuesta de la administración Petro, terminó arrojando resultados contrarios a los esperados.