--- title: "El Gobierno alista un decreto para devolver al Consejo de Estado las tutelas contra el presidente" description: "La administración de Abelardo de la Espriella trabaja en un decreto que trasladaría al Consejo de Estado el conocimiento de las tutelas dirigidas contra el presidente. La medida, aún en preparación, cambiaría la competencia que hoy ejercen otros despachos judiciales sobre esos recursos de amparo." image: "https://abelardopresidente.co/media/el-cambio-que-prepara-de-la-espriella-para-las-tutelas-presidenciales.webp" date: "2026-09-09T21:38:12Z" area: "Justicia" calificacion: "Negativa" fuente: "elnuevodia.com.co" canonical: "https://abelardopresidente.co/noticia/el-cambio-que-prepara-de-la-espriella-para-las-tutelas-presidenciales" --- # El Gobierno alista un decreto para devolver al Consejo de Estado las tutelas contra el presidente > La administración de Abelardo de la Espriella trabaja en un decreto que trasladaría al Consejo de Estado el conocimiento de las tutelas dirigidas contra el presidente. La medida, aún en preparación, cambiaría la competencia que hoy ejercen otros despachos judiciales sobre esos recursos de amparo. - Fecha: 2026-09-09T21:38:12Z - Área: Justicia - Calificación del observatorio: **Negativa** (confianza 37%) - Por qué: El Gobierno prepara un decreto para devolver al Consejo de Estado el conocimiento de las tutelas contra el presidente. El cambio puede modificar la distribución institucional de la revisión judicial, pero el material no permite determinar su impacto final ni confirma que el decreto haya sido expedido. - Fuente original: [elnuevodia.com.co](https://www.elnuevodia.com.co/politica/el-cambio-que-prepara-de-la-espriella-para-las-tutelas-presidenciales-539406) - URL canónica: https://abelardopresidente.co/noticia/el-cambio-que-prepara-de-la-espriella-para-las-tutelas-presidenciales El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, viene trabajando en un decreto con el que busca que las tutelas interpuestas en contra del jefe de Estado vuelvan a ser tramitadas por el Consejo de Estado, según informó el diario El Nuevo Día. El cambio aún no ha sido expedido y se encuentra en fase de preparación dentro del Ejecutivo. La tutela es el mecanismo constitucional previsto en el artículo 86 de la Constitución para proteger los derechos fundamentales cuando resultan amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública. En el caso de acciones de amparo contra el presidente de la República, la competencia para resolverlas ha tenido variaciones en los últimos años, lo que ha abierto debates sobre cuál es el juez natural para ese tipo de controversias. Con el decreto que se prepara, la administración de De La Espriella pretende concentrar nuevamente en la jurisdicción contencioso administrativa, en cabeza del Consejo de Estado, el examen de esos amparos. Se trata de un movimiento que ha sido defendido por sectores que consideran que el alto tribunal cuenta con la idoneidad y la independencia necesarias para revisar las decisiones del Ejecutivo en esa materia. La propuesta también ha despertado cuestionamientos entre quienes señalan que unificar el trámite en una sola corporación podría afectar el acceso a la justicia o limitar la posibilidad de que distintos despachos conozcan los reclamos ciudadanos. El debate se inscribe en una discusión de fondo sobre los límites del poder presidencial y los mecanismos de control judicial sobre sus actos. Para los ciudadanos, el eventual cambio tendría efectos prácticos en la duración y el trámite de las tutelas que involucren al primer mandatario. Cualquier persona que considere vulnerados sus derechos por una decisión del presidente podría ver modificado el recorrido procesal de su acción dependiendo del momento en que entre en vigor el decreto y de las disposiciones que este incluya sobre la transición. Hasta ahora, el Gobierno no ha hecho públicos los detalles técnicos del texto, como los plazos de transición o la manera en que se resolverán los procesos que estén en curso al momento de la expedición. La expectativa es que, una vez se conozca el borrador, la ciudadanía y los operadores jurídicos puedan evaluar con precisión el alcance de la reforma. El antecedente más cercano es la discusión que se ha dado en el Congreso y en la academia sobre la necesidad de actualizar las reglas de competencia de la acción de tutela, un instrumento que en la práctica se ha convertido en la vía más usada por los colombianos para reclamar la protección de derechos como la salud, la igualdad y el debido proceso. Cualquier modificación al reparto de competencias tiene impacto directo sobre la forma en que esos reclamos se resuelven. Queda por verse en qué momento el Ejecutivo publica el decreto y si el texto definitivo contempla excepciones o materias específicas que queden por fuera del cambio. Mientras tanto, las tutelas que se radiquen seguirán tramitándose ante los despachos judiciales que actualmente tienen asignada esa competencia. ## Preguntas frecuentes ### ¿Qué es una tutela y para qué sirve? Es un mecanismo de protección de derechos fundamentales previsto en el artículo 86 de la Constitución. Cualquier persona puede usarla cuando considera que una autoridad pública, incluyendo al presidente, vulnera o amenaza sus derechos. ### ¿Qué cambiaría con el decreto que prepara el Gobierno? El Ejecutivo busca que las tutelas contra el presidente sean conocidas y resueltas por el Consejo de Estado, en lugar de los despachos judiciales que hoy las tramitan. ### ¿Por qué se ha discutido la competencia de las tutelas contra el presidente? Porque a lo largo de los últimos años se han producido cambios en la asignación de esos procesos, lo que ha generado debates sobre cuál es el juez natural para revisar las decisiones del jefe de Estado. ### ¿El decreto ya está vigente? No. Según la información publicada por El Nuevo Día, el decreto se encuentra en preparación y aún no ha sido expedido, por lo que no tiene efectos jurídicos inmediatos. --- Publicado por [Abelardo Presidente](https://abelardopresidente.co), observatorio ciudadano y neutral del gobierno de Colombia. Cada hecho cita su fuente y se califica por impacto verificable, no por posición política.