En el sector Arenal del municipio de El Charco, Nariño, tropas de la Armada y del Ejército respondieron a disparos efectuados desde una embarcación. El enfrentamiento terminó con la neutralización de un integrante de las disidencias, según el reporte oficial recogido por Notas de Actualidad.
En la misma acción las autoridades reportaron la captura de 55 personas y la incautación de aproximadamente una tonelada de cocaína. El volumen de droga decomisado convierte al operativo en uno de los golpes más significativos al narcotráfico en esa zona del Pacífico nariñense en lo que va del año.
El presidente Abelardo De La Esprilla, en su condición de jefe de Estado y comandante supremo de las Fuerzas Militares, destacó los resultados operacionales de la Fuerza Pública en las últimas 24 horas. El pronunciamiento presidencial se enmarca en la estrategia de seguridad que el gobierno ha venido ejecutando en los departamentos con mayor presencia de grupos armados ilegales.
El municipio de El Charco forma parte de la región del Pacífico sur colombiano, una zona históricamente disputada por organizaciones dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal. La presencia de disidencias de las FARC en esta franja del territorio nacional ha obligado a la Fuerza Pública a sostener operaciones sostenidas, tanto terrestres como fluviales, en coordinación con la Armada.
Desde el punto de vista de la ciudadanía, el impacto inmediato de este tipo de operativos se mide en la afectación a las redes logísticas que usan los ríos y la costa para mover alcaloide hacia los puertos de exportación. Una tonelada de cocaína retirada del circuito ilegal representa, en el plano operativo, un golpe directo al financiamiento de esas estructuras armadas.
Las capturas simultáneas de 55 personas, según el reporte, sugieren un trabajo de inteligencia conjunto que permitió identificar a los presuntos integrantes de la red en el momento en que se desarrollaba la actividad ilícita. Este tipo de resultados suele ir aparejado de procesos judiciales que deben demostrar la responsabilidad individual de cada capturado.
La reacción del Ejecutivo al destacar públicamente los resultados se inscribe en una práctica habitual de los gobiernos colombianos: comunicar a la opinión pública los avances en materia de seguridad como parte del balance de gestión. La vocería presidencial sirve también para reconocer el papel de los soldados y marinos comprometidos en la operación.
En el plano institucional queda pendiente la consolidación de los resultados en los estrados judiciales, la destrucción controlada del alcaloide decomisado y la continuidad de las operaciones en la zona, donde las disidencias mantienen capacidad de adaptación. El gobierno no ha informado, hasta el momento, sobre bajas o heridos entre los uniformados que participaron en el operativo.
La operación en El Charco se suma a la serie de acciones que la Fuerza Pública ha reportado en el Pacífico colombiano durante los últimos meses. Expertos en seguridad consultados en otras ocasiones han señalado que la sostenibilidad de estos resultados depende de la presencia estatal integral y no solo de la acción militar.