El extracto publicado por El Tiempo describe una contradicción que el propio Gobierno colombiano enfrenta en su política económica. Por un lado, respalda una subida de tasas como parte de su compromiso fiscal. Por el otro, decide absorber el costo de mantener estables los precios de los combustibles, renunciando a un ingreso que hubiera podido llegar al fisco.
El compromiso fiscal del que habla el título se refiere a la necesidad de cerrar la brecha entre ingresos y gastos del Estado. En Colombia, una herramienta habitual para ese propósito es el recaudo tributario, que incluye impuestos, tasas y contribuciones. Subir una tasa implica pedir un esfuerzo adicional a los contribuyentes, ya sean hogares o empresas.
En el frente de los combustibles, el precio que paga el consumidor en la bomba depende de varios componentes: el precio internacional del crudo, el costo de refinación, los impuestos y los subsidios. Cuando el Gobierno decide asumir parte de ese costo, lo que hace es cubrir con recursos del presupuesto nacional una parte del precio, evitando que esa carga se traslade al consumidor final.
Esa decisión tiene un efecto directo en el bolsillo de los ciudadanos. Si el Estado paga una porción mayor del precio de la gasolina o el diésel, los precios en las estaciones se mantienen estables. Pero esa estabilidad se financia con recursos públicos, es decir, con dinero que deja de destinarse a otras partidas del presupuesto.
En un momento de ajuste fiscal, la disyuntiva se vuelve más visible. El Gobierno necesita más ingresos para cuadrar sus cuentas, y al mismo tiempo enfrenta la presión social de no subir el precio de la gasolina, un insumo que toca toda la cadena de transporte y, por esa vía, el precio de los alimentos y otros bienes.
El extracto de El Tiempo no entrega cifras específicas, pero la tensión descrita es de fondo: cada peso que el Estado deja de cobrar por combustibles es un peso que deja de ingresar a las arcas públicas. Al mismo tiempo, mantener las tasas bajas hubiera significado un recaudo menor, lo que también habría afectado las metas fiscales.
Para los analistas económicos, este tipo de decisiones cruzadas suelen reflejar el cálculo político del Gobierno. Subir impuestos o tasas genera rechazo entre los contribuyentes. Subir los combustibles genera rechazo entre los conductores, los transportadores y, en general, los consumidores. El Gobierno, según el extracto, eligió pagar el costo de la estabilidad de los combustibles y dejar que la carga de las tasas aumente.
Queda por ver cómo se concreta esa subida de tasas, a qué sectores apunta y en qué magnitud. También queda pendiente medir el efecto neto de la decisión: cuánto gana el fisco por el lado tributario, cuánto deja de ganar por el lado de los combustibles y si el balance final alcanza para cumplir las metas de recaudo del año.