El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad presentada contra el decreto que regula las actividades taurinas en Colombia. La decisión del alto tribunal abre la puerta a un examen de fondo sobre la legalidad del acto administrativo que ordena la práctica de la fiesta brava en el país.
Según la fuente, el recurso judicial fue interpuesto por representantes del sector taurino. En su escrito, los demandantes sostienen que el Ministerio de las Culturas se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al modificar, de forma arbitraria, la estructura tradicional de la lidia. Esa alteración, alegan, afecta derechos adquiridos y la organización misma de la actividad.
El decreto en cuestión es una norma expedida por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, cartera que asumió competencias sobre el patrimonio cultural inmaterial del país. Bajo esa potestad, la entidad expidió reglas que regulan desde las condiciones de los escenarios hasta los protocolos de la corrida, pasando por los requisitos para los profesionales del sector.
La demanda argumenta que la cartera deformó de manera arbitraria la estructura de la lidia. Para los demandantes, esa intervención excede lo que la ley permite a un ministerio y compromete la autonomía de un oficio con siglos de tradición en regiones como Antioquia, el Eje Cafetero, el Tolima y los Llanos.
Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado now debe surtir varias etapas procesales. El despacho ponente estudiará los argumentos de las partes, pedirá pruebas si lo considera necesario y, en últimas, decidirá si anula total o parcialmente el decreto, o si lo deja vigente. Mientras tanto, la norma sigue produciendo efectos jurídicos.
El proceso tiene implicaciones directas para los trabajadores de la tauromaquia: toreros, novilleros, subalternos, ganaderos, médicos veterinarios, transportadores de reses, banderilleros y personal de plazas. También alcanza a los municipios donde la actividad hace parte de la economía formal y a los eventos culturales y festivos asociados a las ferias.
Para los defensores de la fiesta brava, la pelea legal busca preservar una expresión cultural declarada por el Congreso como parte de las manifestaciones artísticas del país. Para los críticos, el decreto representa un avance en la protección animal y en la dignificación de la práctica. La decisión del Consejo de Estado será la que zanje, con base en la ley, ese debate jurídico.
La admisión de la demanda no significa un fallo de fondo. El Consejo de Estado puede tardar meses o incluso años en emitir una sentencia definitiva sobre la validez del decreto. Hasta entonces, las corridas, novilladas y tientas seguirán rigiéndose por las reglas actuales, mientras la justicia contencioso-administrativa resuelve si esas reglas se ajustaron o no a derecho.