El Consejo Nacional Electoral entregó a Abelardo de la Espriella la credencial que lo acredita oficialmente como presidente electo de Colombia, con lo cual queda formalizada su victoria en el proceso electoral, según reportó la agencia EFE.
Con la credencial en mano, De la Espriella se convierte en el presidente elegido para el próximo período constitucional. La entrega del documento es un trámite previo a la posesión, que se cumple el 7 de agosto ante el Congreso de la República, según el calendario fijado por la Constitución.
Horas después de recibir la credencial, el presidente electo hizo una declaración que marca el tono de su política de seguridad. Anunció que da un mes a los grupos armados para que se someten a la justicia, sin abrir una mesa de negociaciones de paz, como había ocurrido en gobiernos anteriores.
La decisión representa un giro frente a la estrategia que el Estado colombiano mantuvo durante décadas con organizaciones como las FARC, el ELN y otras estructuras armadas. Hasta ahora, la vía predominante fue la negociación política, con resultados dispares en términos de desmovilización, cumplimiento de acuerdos y reducción efectiva de la violencia.
De la Espriella descartó expresamente la figura de las negociaciones de paz. En su lugar, planteó un sometimiento directo a la justicia ordinaria, lo que en la práctica implica que los grupos armados deben acogerse a la ley vigente y enfrentar los procesos judiciales correspondientes.
La definición toca de lleno a millones de ciudadanos que viven en zonas rurales donde operan estos grupos. En regiones como el Catatumbo, el Pacífico nariñense, el bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar, la presencia armada ilegal limita la movilidad, restringe el acceso a la salud y a la educación y condiciona la economía local.
El anuncio también genera expectativa en las fuerzas militares y de policía, que durante años han combinado operativos contra grupos armados con el rol de garantes en procesos de diálogo. El nuevo enfoque pone en primer plano la acción militar y judicial sobre los espacios de interlocución.
Sectores políticos y organizaciones de víctimas reaccionaron con posiciones divididas. Algunos respaldan el llamado al sometimiento como una vía para que los grupos armados respondan por sus crímenes. Otros piden claridad sobre las garantías para los civiles que se encuentran en medio de los combates y sobre el papel que tendrán las instancias internacionales que han acompañado los diálogos anteriores.
En materia internacional, el pronunciamiento tendrá repercusiones. La comunidad de naciones que participa como garante o acompañante en los diálogos con grupos armados, incluidos países como Noruega, Cuba y Venezuela según el caso, deberá ajustar su rol a la nueva postura del gobierno entrante.
Por ahora, el reloj empieza a correr. El plazo de un mes que fijó el presidente electo obliga a los grupos armados a definir si entregan a sus integrantes, entregan armas y se acogen a la justicia, o enfrentan la respuesta del Estado por la vía militar y judicial. La transición de mando, prevista para agosto, será el punto en el que la nueva política pase de anuncio a ejecución.