Según el extracto de Portafolio, el Ejecutivo envió al Congreso una proyección de déficit de 5,3% del PIB, mientras que el Carf, organismo técnico independiente encargado de vigilar las cuentas fiscales, calcula que la cifra real se ubicaría en torno a 7,4%. La brecha entre ambos números supera los dos puntos porcentuales del producto interno bruto, una distancia considerable tratándose del balance de las finanzas nacionales.
El déficit fiscal es la diferencia entre lo que el Estado recauda por impuestos y otros ingresos, y lo que gasta en funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. Cuando esa diferencia es persistente, el faltante se financia con deuda interna o externa, lo que presiona las tasas de interés, el tipo de cambio y, en el mediano plazo, la calificación de riesgo soberano del país.
El Carf fue creado en 2011 como una instancia técnica para evaluar de manera independiente los supuestos fiscales del Gobierno. Su función es alertar cuando los marcos de gasto y los ingresos proyectados resultan incompatibles con la regla fiscal vigente, que en Colombia establece límites al crecimiento del gasto y al tamaño del déficit. Por eso, cuando el organismo publica una cifra distinta a la del Ministerio de Hacienda, su lectura suele tomarse como una señal de alerta temprana.
El extracto consultado no detalla qué rubros concretos explican la diferencia entre 5,3% y 7,4%. Sin embargo, en coyunturas similares las brechas suelen atribuirse a ingresos tributarios menores a los esperados, a gastos inflexibles que crecen por encima de la inflación, a contingencias judiciales o a atrasos en el calendario de ejecución presupuestal. Cualquiera de esos factores puede inflar el déficit efectivo frente a la meta oficial.
Para los ciudadanos, una diferencia de esta magnitud tiene efectos prácticos. Un déficit más alto implica mayor necesidad de colocación de títulos de deuda pública en el mercado interno, lo que tiende a mantener elevadas las tasas de interés que pagan hogares y empresas por sus créditos. También reduce el espacio fiscal para programas sociales, inversión en infraestructura y respuesta a shocks externos, como una caída en los precios del petróleo o una crisis climática.
Otro frente sensible es el de la deuda pública. Si el cierre fiscal termina cerca del 7,4% del PIB, el stock de deuda puede crecer más rápido que la economía, y el pago de intereses se vuelve una porción creciente del presupuesto nacional. En ese escenario, menos recursos quedan disponibles para salud, educación y pensiones, que concentran buena parte del gasto social.
El Carf, al publicar su estimación, suele llamar la atención sobre la necesidad de ajustes en el recaudo o en el gasto. La fuente consultada tampoco precisa qué recomendaciones específicas hizo el comité en esta oportunidad, por lo que el contenido del artículo se limita a la discrepancia de cifras divulgada por Portafolio.
El debate queda abierto en al menos dos frentes. Por un lado, el Gobierno deberá explicar ante el Congreso y los mercados por qué su proyección se mantiene en 5,3% pese a la advertencia del Carf. Por el otro, el comité técnico deberá detallar los supuestos que respaldan el 7,4% estimado. Mientras esa conversación no se cierre, los analistas financieros y los organismos multilaterales seguirán ajustando sus propias cifras sobre el tamaño real del desbalance fiscal colombiano.