El empalme del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella se puso en marcha con mesas técnicas que revisaron el estado de dos de los proyectos centrales del anterior Ejecutivo: la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la política de Paz Total. Así lo reportó Infobae, que recogió las declaraciones del abogado Iván Cancino, designado para encabezar la mesa de unión del empalme.
Según la información publicada, las prioridades iniciales del nuevo equipo apuntan a una transformación institucional con tres ejes definidos: auditorías, cambios en sectores productivos y ajustes en la gestión de la deuda pública. La idea, reportó la fuente, es hacer un barrido completo antes de asumir el mando.
La JEP, creada por el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, es el tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado. Funciona con un modelo transicional que otorga penas propias a quienes colaboren con la verdad, y hasta ahora ha procesado a excombatientes, militares y terceros civiles en decenas de macrocasos.
La Paz Total, por su parte, es la política que abrió canales de diálogo simultáneos con distintos grupos armados y organizaciones criminales. Durante su vigencia se firmaron acuerdos parciales con algunas estructuras, mientras otras conversaciones se rompieron o se mantienen suspendidas.
La presencia de Iván Cancino al frente de la mesa de unión es llamativa por su trayectoria como abogado penalista, con experiencia en procesos de alto perfil ante la justicia ordinaria y la propia JEP. Su rol es de coordinación, no de negociación directa con los grupos armados.
Sobre las implicaciones para la ciudadanía, los expertos coinciden en que cualquier cambio en la JEP o en la Paz Total afecta a las víctimas, a los comparecientes y a las comunidades en zonas de conflicto. Una reforma del modelo de auditoría puede modificar la forma como se verifican los bienes y el cumplimiento de las sanciones.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar, pues la sola mención de auditorías a la JEP reabre un debate que enfrenta a quienes piden resultados más rápidos con quienes defienden los tiempos del modelo transicional. Sectores cercanos al Pacto Histórico y a las víctimas han pedido que cualquier modificación respete los derechos ya reconocidos.
En lo institucional, la deuda pública también queda en la lupa. Colombia cerró años recientes con una carga creciente, lo que hace especialmente sensible la revisión de pasivos, contratos y vigencias futuras que quedaron firmados en el gobierno saliente.
Queda por verse el cronograma del empalme, los nombres de los nuevos ministerios y los proyectos de ley que lleguen al Congreso. El siguiente paso inmediato es la entrega formal de los informes sectoriales por parte de las entidades salientes.