El expresidente Gustavo Petro informó que radicó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Abelardo de la Espriella. Según él mismo, el documento se presentó el 7 de agosto, el mismo día en que concluyó su mandato al frente de la Casa de Nariño. La acusación se centra en una presunta persecución política dirigida desde el nuevo Ejecutivo.
La denuncia señala que el nuevo Gobierno estaría adelantando acciones orientadas a perseguir a exfuncionarios, dirigentes y movimientos cercanos a la administración saliente. Para Petro, esos actos podrían configurar delitos contemplados en el Estatuto de Roma, el tratado internacional que rige el funcionamiento de la CPI y que Colombia ratificó en 2002.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, es el tribunal de última instancia para juzgar a personas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el delito de agresión. Solo actúa cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Hasta el momento, Colombia tiene abiertos varios expedientes ante ese tribunal, entre ellos el relativo a la situación nacional conocida como "Caso Colombia".
El recurso se suma a otros pronunciamientos del exmandatario en los que ha alertado sobre lo que considera una ruptura institucional tras el cambio de gobierno. Sectores cercanos a Petro sostienen que la denuncia busca blindar políticamente a su movimiento y advertir sobre eventuales investigaciones que, a su juicio, tendrían motivación retaliativa.
Desde el Gobierno de Abelardo de la Espriella no se ha emitido, hasta ahora, una respuesta oficial sobre el contenido específico de la denuncia. Voceros del Ejecutivo se han limitado a calificar las afirmaciones del exmandatario como parte de una estrategia de defensa política y a reiterar que todas las decisiones del nuevo gobierno se enmarcan en la Constitución y la ley.
En el plano jurídico, una denuncia ante la CPI no implica una investigación automática. La Fiscalía de ese tribunal debe evaluar si la solicitud cumple los requisitos de admisibilidad, gravedad y complementariedad. Si se admite, podría abrirse un examen preliminar sobre la conducta denunciada, un paso previo a cualquier imputación formal.
La movida tiene repercusiones internas y externas. Internamente, reaviva el debate sobre la independencia judicial y el uso de los tribunales internacionales como herramienta política. Externamente, ubica al nuevo Gobierno ante un escenario diplomático complejo, pues debe responder ante un organismo al que Colombia está vinculado como Estado parte del Estatuto de Roma.
Por ahora, el expediente se encuentra en fase inicial. La Corte Penal Internacional no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia. Lo que sigue es esperar la decisión de la Fiscalía del tribunal sobre si inicia un examen preliminar o si la solicitud no supera los filtros de admisibilidad establecidos en el Estatuto de Roma.