El Gobierno colombiano declaró la situación de desastre nacional por un periodo de 12 meses, según informó el nuevo día. La decisión se adopta ante el riesgo de que el fenómeno de El Niño se intensifique en el territorio y genere impactos en distintos sectores del país.
Con esta declaratoria se activan los protocolos contemplados en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Eso permite a las autoridades nacionales, departamentales y municipales disponer de herramientas administrativas y presupuestales extraordinarias para responder de manera más rápida a las contingencias que puedan presentarse.
El fenómeno de El Niño es un evento climático caracterizado por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, lo que en Colombia se traduce, por lo general, en reducción de las lluvias, aumento de las temperaturas y sequías prolongadas. En episodios fuertes también se registran incrementos en los incendios forestales y presiones sobre el suministro de agua y energía.
La declaratoria de desastre nacional es una figura prevista en la ley para episodios que superan la capacidad ordinaria de respuesta de las entidades territoriales. Una vez decretada, facilita la contratación directa de bienes y servicios, la destinación de recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y la coordinación de acciones con entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.
La duración de 12 meses indica que el Gobierno busca cubrir tanto la fase de preparación como la de atención y la posterior recuperación. El periodo prolongado responde a la estacionalidad del fenómeno, que suele prolongarse durante varios meses y cuyas consecuencias, sobre todo en el sector agropecuario y en el abastecimiento de agua, pueden extenderse incluso después de su retirada.
Entre los sectores más sensibles al impacto de El Niño se encuentran la agricultura, la generación hidroeléctrica, el acueducto en municipios pequeños y los ecosistemas de regiones como la Caribe, la Andina y los Llanos Orientales. Las autoridades llaman la atención sobre el monitoreo de los ríos, los embalses y los incendios de cobertura vegetal, que suelen aumentar en temporadas secas.
El Gobierno destinará recursos específicos para la atención de la emergencia, aunque los montos detallados y la fuente exacta de financiación se conocerán conforme se publiquen los actos administrativos correspondientes. La declaratoria también sirve como marco para que alcaldías y gobernaciones accedan a apoyos del orden nacional sin necesidad de trámites ordinarios.
La decisión llega en un momento en el que los organismos técnicos del país han advertido sobre la probabilidad de que el fenómeno se fortalezca en los próximos meses. Por eso las recomendaciones a la ciudadanía incluyen racionalizar el agua, evitar quemas y atender los llamados de las autoridades locales frente a restricciones o emergencias declaradas en cada municipio.
Como tarea inmediata queda la publicación de los decretos reglamentarios que precisarán el plan de acción, la distribución de recursos y los indicadores de seguimiento. Las autoridades pidieron reportar cualquier emergencia a las líneas oficiales y mantener el monitoreo de los boletines del Ideam durante los próximos meses.