La eliminación del Ministerio de la Igualdad deja en el aire la situación laboral de cientos de servidores públicos y contratistas que trabajaban en la entidad. El cierre de la cartera, una de las apuestas administrativas del gobierno anterior, obliga ahora a rediseñar la estructura del Estado para reubicar al personal y definir qué dependencias asumirán sus funciones, según reporta MSN.
El Ministerio de la Igualdad fue creado en 2023 como una de las promesas centrales del gobierno anterior, con el objetivo de articular políticas para mujeres, poblaciones étnicas, personas con discapacidad, jóvenes y comunidades rurales. Contaba con varias viceministerios y direcciones que atendían a grupos históricamente marginados.
Con la supresión, los funcionarios de planta y los contratistas quedaron a la espera de instrucciones. El Gobierno estudia distintas alternativas, entre ellas la reasignación a ministerios existentes como el del Interior, Hacienda o Salud, o la creación de una dirección adjunta que conserve parte de la oferta institucional. La fuente no detalla cuál será la fórmula final.
El proceso genera incertidumbre entre los empleados de la entidad, que temen perder estabilidad laboral. También preocupa a las organizaciones sociales que trabajaban de la mano con la cartera en programas de equidad de género, inclusión productiva y atención a la población víctima del conflicto armado.
Desde el Gobierno se ha señalado que los servicios no se van a suspender y que las políticas de igualdad tendrán continuidad a través de otras entidades. Sin embargo, organizaciones como la Mesa de Equidad y diversos colectivos femininos han pedido audiencias públicas para conocer el plan de transición y los tiempos de ejecución.
El Congreso de la República tendrá que discutir el proyecto de ley que formaliza la supresión y la reasignación de funciones. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda evalúa el impacto fiscal de la decisión, que incluye el traslado de rubros presupuestales y la liquidación de contratos vigentes.
La eliminación de la cartera marca un giro en la política pública de inclusión social. Pasado el primer remezón administrativo, el reto será demostrar que las líneas de trabajo del extinto ministerio se mantienen operativas y con la misma cobertura que tenían hasta ahora.
Queda pendiente conocer la fecha exacta en la que se oficializará la liquidación del ministerio, el cronograma de reubicación del personal y los indicadores con los que se medirá la continuidad de los programas. Por ahora, las comunidades beneficiarias esperan respuestas concretas del Gobierno nacional.