El debate sobre el fracking será el primer gran choque político del nuevo Congreso de Colombia. La técnica, que permite extraer gas y petróleo de formaciones rocosas mediante fracturación hidráulica, quedó en el centro de la pugna entre dos modelos de país: uno que la considera clave para la seguridad energética y otro que la rechaza por razones ambientales.
Según el reporte de Valora Analitik, el presidente Abelardo de la Espriella ha hecho explícita su apuesta por promover la actividad. Su posición lo distancia del exmandatario Gustavo Petro, quien durante su gobierno restringió la exploración de yacimientos no convencionales y ahora, desde su condición de ciudadano, impulsa una prohibición total en el Congreso.
La discusión legislativa llega en un momento sensible para las finanzas públicas. Colombia enfrenta un déficit fiscal estructural y las regalías petroleras han sido durante décadas una fuente clave de ingresos para la Nación y los departamentos productores. Permitir nuevos proyectos de fracking abriría la puerta a nuevas inversiones y a eventuales ingresos fiscales, mientras que prohibirlos cerraría esa vía.
En el plano ambiental, las posiciones son igualmente opuestas. Los críticos de la técnica argumentan que implica un uso intensivo de agua, puede contaminar acuíferos y libera metano, un gas de efecto invernadero. Los defensores sostienen que, con regulación adecuada, es una herramienta compatible con la transición energética mientras el país avanza hacia fuentes más limpias.
El contexto internacional también pesa. Estados Unidos, Argentina y parte de Europa cuentan con operaciones comerciales de fracking. En América Latina, México atraviesa idas y vueltas regulatorias, mientras que Francia y Bulgaria mantienen prohibiciones. Colombia ya tuvo episodios previos con esta técnica: en 2018 la Agencia Nacional de Hidrocarburos suscribió contratos piloto, que después quedaron suspendidos por decisión del gobierno de Petro.
El sector productivo sigue de cerca el debate. La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas ha insistido en que los yacimientos no convencionales pueden representar reservas significativas, sobre todo en cuencas como el Valle Medio del Magdalena y la Cesar-Ranchería. Gremios ambientalistas, en cambio, piden que el país concentre su inversión en renovables y en eficiencia energética.
Para la ciudadanía, el desenlace tendrá efectos concretos. Las regiones productoras esperan empleo y recursos por regalías, mientras que comunidades cercanas a posibles zonas de explotación temen impactos en el agua y el suelo. Los usuarios de gas natural, por su parte, observan con preocupación la dependencia energética del país, que en años recientes ha requerido mayores importaciones.
Lo que ocurra en las próximas sesiones legislativas marcará la hoja de ruta. Una prohibición cerraría la puerta a nuevos contratos y mantendría el marco restrictivo vigente. Una ley que ordene la exploración, en cambio, requeriría regulación ambiental específica, mecanismos de consulta con comunidades y un esquema claro de distribución de regalías. Por ahora, el país espera el primer debate.
Queda pendiente cómo se conformarán las ponencias, qué mayorías se moverán en el Congreso y si el Gobierno radicará un proyecto propio o dejará la iniciativa en manos del Legislativo. También está por verse si la discusión se limitará al fracking o si abrirá la puerta a revisar de manera más amplia la política de hidrocarburos del país.