En una entrevista con Infobae Colombia, el docente Nicolás Mayorga sostuvo que hablar de paz no es una obligación para el presidente electo Abelardo de la Espriella, sino una facultad del cargo. La frase, simple en apariencia, toca uno de los puntos más sensibles de la política nacional: la continuidad o el cierre de los procesos de diálogo con grupos armados que hoy están sobre la mesa.
Mayorga planteó que la decisión de sentarse o no a negociar depende de la voluntad política de quien ejerce la Presidencia. Esa distinción entre facultad y obligación es clave, porque separa lo que la Constitución y la ley imponen de lo que el gobernante decide hacer por conveniencia o por convicción, según explicó el propio académico a Infobae.
Colombia arrastra más de seis décadas de conflicto interno y una sucesión de procesos de paz con resultados dispares. Algunos terminaron en acuerdos firmados, como los de 2016 con las Farc, y otros se rompieron o quedaron en suspenso, como las conversaciones anteriores con el ELN o los acercamientos con disidencias de las Farc en distintos momentos.
Para los ciudadanos, lo que se decida sobre esos diálogos tiene efectos directos. En zonas rurales afectadas por la violencia, la suerte de una mesa de negociación puede significar más seguridad o un retorno de los enfrentamientos, con el desplazamiento y las víctimas que eso trae consigo.
En las ciudades, el debate también pesa. Sectores económicos, organizaciones de derechos humanos, gremios y la academia suelen pronunciarse sobre la conveniencia de mantener, suspender o replantear las conversaciones. La frase del docente Mayorga se inscribe en esa conversación pública, que en las últimas semanas ha ganado fuerza por el cambio de gobierno.
El argumento del académico no cierra la puerta a la paz, pero sí recuerda que ningún presidente está atado por la ley a abrir o sostener una mesa. Esa advertencia pone la pelota en el campo de Abelardo de la Espriella, cuya postura oficial sobre los diálogos aún genera expectativa entre quienes siguen de cerca el tema.
Sectores que defienden los procesos actuales suelen pedir que se mantenga al menos el principio de que la paz total o cualquier negociación requiere continuidad. Otros piden un viraje completo, con condiciones más duras para los grupos armados y con mayor presencia de la fuerza pública en los territorios.
La fuente consultada por Infobae deja una pregunta abierta para los próximos meses: si la paz es facultad y no obligación, ¿qué hará el nuevo gobierno con los diálogos en curso? La respuesta, por ahora, no está en el calendario público del presidente electo, pero sí en el centro del debate político.
Lo que sigue es esperar las primeras señales oficiales del gobierno entrante sobre los procesos abiertos. Cualquier anuncio, o el silencio prolongado, será leído como una señal política sobre el rumbo que tomará la política de paz en Colombia durante el periodo que se inicia.