Según la fuente, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le envió al presidente electo Abelardo de la Espriella una propuesta concreta: que la primera acción de la nueva política de seguridad del Gobierno nacional sea un bombardeo contra el cabecilla del Estado Mayor Central (EMC), conocido como Calarcá. La información fue divulgada por Notimérica y replicada por distintos portales en Colombia.
Calarcá, cuyo nombre real es Néstor Ricardo Vera Carrizosa, es uno de los principales jefes del EMC, la disidencia de las FARC que semarginó del acuerdo de paz de 2016 y que actualmente concentra parte de la violence rural en Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo. Su nombre aparece de manera recurrente en los partes militares y en las denuncias de organizaciones de derechos humanos por reclutamiento forzado y control de economías ilegales.
La figura del gobernador de Antioquia tiene peso político en el diseño de la seguridad nacional. Rendón ha sido un crítico abierto de los diálogos con grupos armados y ha defendido desde el año pasado el uso de la fuerza militar como herramienta central. Su propuesta a De la Espriella marca una alineación entre el gobierno departamental y el electo, una sintonía que no se daba en gobiernos anteriores.
En los últimos años, el EMC ha sido blanco de operaciones aéreas de gran escala, sobre todo en Caquetá y Cauca, con resultados discutidos. Las fuerzas militares han reportado bajas y capturas, pero organizaciones civiles han señalado afectaciones a comunidades rurales. La propuesta de Rendón reabre ese debate, esta vez antes del 7 de agosto, fecha prevista para la posesión presidencial.
Para los habitantes de las zonas donde opera Calarcá, un eventual bombardeo tendría efectos directos. En regiones del sur de Antioquia y oriente del Cauca, las comunidades campesinas han sido históricamente las principales afectadas por los operativos militares, tanto por los combates como por las restricciones de movilidad que dejan las operaciones de cierre de zonas.
La reacción política no se ha hecho esperar. Sectores que defienden el proceso de paz han cuestionado la idea de abrir la política de seguridad con una acción de fuerza contra un mando del EMC, por el riesgo de cerrar cualquier intento de negociación futura. En la vereda opuesta, voces del establecimiento militar coinciden con Rendón en que los cabecillas de las disidencias deben ser neutralizados de manera frontal.
La propuesta llega en un momento sensible de la transición. De la Espriella aún no ha detallado públicamente su estrategia de seguridad, y sus principales voceros se han limitado a señalar que la lucha contra el crimen organizado será prioritaria. El pronunciamiento del gobernador de Antioquia deja ver que la presión por una línea de mano dura ya tiene un interlocutor directo en Casa de Nariño, una vez se posesione el nuevo gobierno.
Queda por ver si el Ejecutivo electo adopta la sugerencia, la modifica o guarda silencio. En cualquier caso, el hecho confirma que la primera gran decisión de seguridad del próximo gobierno se discutirá en público, antes de la posesión, lo que de antemano dibuja el tono de la relación entre la Presidencia y los gobernadores en la nueva etapa.
Para la ciudadanía, la implicación es concreta. Si la política de seguridad arranca con acciones militares de alta intensidad, aumentarán las restricciones de movilidad en zonas rurales y se reactivarán los protocolos de protección a líderes sociales. Si, por el contrario, se opta por una vía negociada, las comunidades afectadas serán las primeras en evaluar si los acuerdos se cumplen. Por ahora, la pelota está en el despacho del presidente electo.