El Gobierno Nacional anunció la habilitación del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) para reparar las universidades públicas afectadas por el terremoto, una medida que incluye 72 sedes dañadas y cobija a 93.573 estudiantes, según reportó Más Colombia.
El FFIE es el mecanismo que el Estado colombiano usa desde hace años para financiar la construcción, ampliación y mejora de planteles oficiales. Hasta ahora su uso se concentraba en colegios, pero la emergencia por el fenómeno telúrico llevó a las autoridades a extender su alcance al nivel de educación superior pública.
La decisión busca responder a la magnitud de los daños registrados en la infraestructura universitaria. Las 72 sedes perjudicadas albergan a más de 93.000 estudiantes que, por causa de los daños en sus campuses, vieron alterada la continuidad de sus actividades académicas.
Según explicó el Gobierno, la apertura del fondo se hará sin afectar los proyectos ordinarios de colegios que ya están en curso. Es decir, los recursos se reasignarán o se adicionarán de manera que la atención a las instituciones de educación superior damnificadas no compita con la programación previamente aprobada para la educación básica y media.
El alcance de la medida depende de las evaluaciones técnicas que las propias universidades y los ministerios competentes deberán surtir. La priorización de obras, los plazos de ejecución y la fuente específica de los recursos son aspectos que quedarán definidos en las siguientes etapas del proceso, una vez se concrete el diagnóstico de daños.
Para la comunidad universitaria, la habilitación del FFIE representa una vía directa de acceso a recursos que normalmente estaban restringidos a la educación preescolar, básica y media. Las regiones donde se concentran los daños serán las principales beneficiarias, aunque el Gobierno no ha precisado cuáles ni el monto total asignado.
La medida también pone sobre la mesa el debate sobre la financiación de la educación superior pública en Colombia, históricamente dependiente del presupuesto nacional y de aportes de las entidades territoriales. La emergencia del terremoto se convierte así en una oportunidad para revisar los mecanismos existentes y su capacidad de respuesta.
Queda pendiente conocer el cronograma de obras, las universidades específicas priorizadas y los montos destinados a cada sede. La ciudadanía y las instituciones educativas esperan que la reparación se concrete en plazos coherentes con el regreso a la normalidad académica de los 93.573 estudiantes afectados.