El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que el Gobierno colombiano prepara un estatuto antiterrorista dirigido a los grupos armados que operan en el país. La iniciativa contempla la creación de una lista oficial de organizaciones catalogadas como "terroristas", según reportó el medio Eje21.
De acuerdo con el anuncio, el estatuto no se limitará a la declaratoria de esos grupos. Incluirá medidas especiales en tres frentes: el ámbito penal, el régimen penitenciario y el combate a las rentas ilícitas que sostienen a esas organizaciones. La intención declarada es afectar la capacidad operativa y financiera de esos grupos.
En materia penal, el proyecto prevé herramientas diferenciadas para los delitos asociados a esas organizaciones. En el frente penitenciario, se anunciaron condiciones especiales de reclusión para los miembros de esas estructuras. Y en el componente económico, se planteó el rastreo y extinción de los flujos de ingresos derivados de actividades ilícitas, una línea que en Colombia se ha enfocado históricamente en el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Colombia tiene antecedentes en este tipo de listados. El Gobierno nacional maneja una lista de Grupos Armados Organizados (GAO) y otra de Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), usadas como referencia para operaciones de seguridad y para solicitudes de cooperación internacional. El nuevo estatuto, según lo descrito por el ministro, apunta a darle un marco legal más robusto a esa catalogación y a las consecuencias que se derivan de ella.
La figura del "terrorista" tiene implicaciones sensibles en el ordenamiento colombiano. Su definición ha sido debatida en escenarios como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde la Sala de Reconocimiento de Verdad ha diferenciado entre combatientes de grupos armados y agentes del Estado, y ha evaluado si conductas como el secuestro o el reclutamiento de menores pueden encuadrar en tipos penales de terrorismo. Un estatuto con lista propia podría reabrir parte de ese debate.
Para la ciudadanía, el eventual estatuto tendría efectos prácticos en tres planos. Primero, en la seguridad de las regiones donde actúan esos grupos, donde la población civil soporta confinamientos, desplazamientos y extorsiones. Segundo, en el sistema judicial, que procesaría a los miembros de esas organizaciones bajo reglas distintas. Tercero, en la política de paz, porque cualquier ampliación del catálogo antiterrorista puede tener repercusiones en los diálogos o acercamientos que se mantengan con estructuras armadas.
La anuncio se produjo en un contexto de debate sobre la estrategia de seguridad del Gobierno. El Ejecutivo ha defendido la necesidad de golpear las finanzas de las organizaciones armadas, mientras sectores políticos y de derechos humanos han pedido que cualquier herramienta de ese tipo respete las garantías procesales y el derecho internacional humanitario. El Ministerio del Interior no ha precisado, por ahora, la fecha de radicación del proyecto ni el trámite legislativo que seguirá.
Quedan varios interrogantes abiertos. No se conoce el texto del estatuto ni los criterios técnicos y jurídicos que se usarán para incluir o excluir a una organización de la lista. Tampoco se ha detallado cómo se articulará el nuevo régimen con los listados vigentes, ni cuál será el trato para los miembros de esas organizaciones que se desmovilicen o que estén en proceso de sometimiento a la justicia.
El paso siguiente, según lo expresado por el Ministerio del Interior, es la presentación formal del proyecto. A partir de ese momento, el Congreso de la República deberá tramitar la iniciativa y los organismos de control y la sociedad civil podrán intervenir en el debate, que se anticipa amplio por las implicaciones que una declaración de "terrorismo" tiene en el catálogo de derechos y en la política de seguridad del país.