El ministro del Interior respaldó públicamente al presidente Abelardo De la Espriella luego de que circularan imágenes en las que se le ve portando una pistola durante una visita oficial a Santa Marta. Según recoge Noticias de Gipuzkoa, el funcionario sostuvo que el jefe de Estado se encuentra “enfrentando a los criminales directamente en las calles”, en el contexto de la ofensiva que el Gobierno adelanta contra la estructura armada conocida como Los Pachenca.
La aparición del presidente con un arma de fuego en un recorrido público se produjo en un punto del Caribe colombiano con presencia histórica de redes de crimen organizado. De la Espriella ha centrado parte de su discurso en la necesidad de recuperar el control territorial y golpear a los grupos que, según el Ejecutivo, se lucran del narcotráfico y la extorsión en esta región.
Desde el Ministerio del Interior se argumentó que el uso personal del arma responde a la decisión del presidente de exponer su integridad física en zonas donde las amenazas contra la fuerza pública y los mandatarios locales son recurrentes. La postura oficial busca transmitir una imagen de cercanía con las tropas y con la ciudadanía afectada por la violencia.
En Colombia, la figura presidencial suele aparecer en zonas de conflicto escoltada por la Unidad Nacional de Protección y acompañada de uniformados. La decisión de portar personalmente un arma de fuego marca un contraste con el protocolo tradicional y abre preguntas sobre el mensaje que se envía a las Fuerzas Militares y a la opinión pública.
La ofensiva contra Los Pachenca, una de las organizaciones que opera en el departamento del Magdalena, forma parte de la estrategia de seguridad que el Gobierno ha presentado como prioritaria. Las autoridades han señalado a este grupo de estar detrás de actividades de narcotráfico, extorsión a comerciantes y disputas territoriales con otras estructuras ilegales.
La declaración del ministro se conoce en un momento de alta sensibilidad política, cuando distintos sectores evalúan si las acciones del Ejecutivo en materia de orden público han modificado los indicadores de criminalidad. Organizaciones sociales han pedido que la lucha contra el crimen se conduzca con apego a los derechos humanos y sin exponer innecesariamente a la primera figura del Estado.
Para los habitantes de Santa Marta y su área metropolitana, el operativo y la visita presidencial tienen efectos directos: presencia militar en vías, retenes y dispositivos de seguridad en barrios señalados como zonas de influencia de Los Pachenca. Vecinos consultados en coberturas previas han reportado tanto operativos puntuales como restricciones de movilidad.
Queda pendiente conocer si el Gobierno ampliará la explicación sobre las condiciones de seguridad que rodearon la visita y si mantendrá esta modalidad de presencia armada del presidente en próximos desplazamientos. Sectores políticos y expertos en seguridad han pedido claridad sobre los protocolos que regulan el uso de armas por parte del jefe de Estado en actos oficiales.