El gobierno nacional expidió los lineamientos que regulan el trabajo remoto en el marco de la crisis energética que atraviesa Cartagena, una situación que ha obligado a cientos de empresas a ajustar su operación diaria. La decisión, reportada por el portal Merca2.es, establece condiciones claras para que empleados y employeurs puedan acogerse a esta modalidad mientras se normaliza el suministro de energía en la ciudad.
Cartagena es uno de los principales centros turísticos, portuarios e industriales del Caribe colombiano. La crisis energética afecta desde hace semanas a hogares, comercios y plantas de producción, con cortes intermitentes y caídas de voltaje que han alterado la jornada laboral. Las autoridades buscan con esta regulación evitar que la parálisis eléctrica se traduzca en un cese total de actividades.
Los criterios definidos por el gobierno incluyen la voluntariedad del acuerdo entre empleador y trabajador, la necesidad de que las funciones sean compatibles con el trabajo a distancia y el compromiso de mantener la jornada pactada. También se precisan las responsabilidades del empleador en materia de dotación tecnológica, conectividad y respaldo de la salud del empleado en el espacio donde cumpla sus funciones.
La fuente destaca que el modelo colombiano guarda similitudes con la legislación española de teletrabajo, aprobada en 2020. Ambos marcos comparten principios como la voluntariedad, la reversibilidad del acuerdo y la obligación de dotar al trabajador de los medios necesarios para desempeñar su labor. Las diferencias radican en los plazos de ajuste, los mecanismos de inspección y los acuerdos sobre compensación de gastos, que en el caso ibérico son más detallados.
Para los empleados, la aplicación de esta modalidad representa la posibilidad de mantener el ingreso y la continuidad laboral sin exponerse a los riesgos de un desplazamiento con cortes eléctricos. Para las empresas, supone la oportunidad de sostener su operación, cumplir con entregas y atender clientes mientras se estabiliza el sistema eléctrico de la ciudad. Organismos gremiales han pedido que la medida se prorrogue si la emergencia se extiende.
La crisis energética tiene origen en limitaciones del sistema de transmisión y en fallas en plantas de generación térmica locales. Empresas como Air-e, operador del servicio en la región, han sido señaladas por la Superintendencia de Servicios Públicos por la calidad del fluido eléctrico. La situación llevó al Ministerio de Minas y Energía y a la cartera del Interior a coordinar acciones con la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar.
En el plano laboral, el Ministerio del Trabajo recordó que la jornada remota debe respetar los límites de horario y los descansos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo. Inspectores laborales podrán verificar que las condiciones pactadas se cumplan y que el empleado no asuma costos adicionales por concepto de equipos o servicios públicos en su domicilio.
El gobierno español, en su reforma laboral, incluyó el derecho a la desconexión digital y la obligación de registrar el horario del teletrabajador, dos elementos que el esquema colombiano no aborda de forma explícita, según la comparativa de Merca2.es. No obstante, los analistas citados por el portal reconocen que la urgencia de la emergencia justifica un esquema más flexible, siempre que se garantice la dignidad del trabajador.
Por ahora, las empresas cartageneras tienen vía libre para suscribir acuerdos individuales o colectivos de trabajo remoto mientras se mantenga la emergencia. El gobierno evalúa extender la medida a otras ciudades del Caribe si las condiciones del sistema eléctrico empeoran. La Superintendencia de Sociedades, por su parte, emitió una circular para que las empresas afectadas reporten los impactos financieros derivados de la crisis.