El presidente Abelardo de la Espriella respaldó públicamente un bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento de disidencias de las FARC en el que murieron tres menores de edad, según informó Cadena 3 Argentina. El Mandatario enmarcó la acción como parte de la lucha contra el reclutamiento forzado de niños que esos grupos armados realizan en varias regiones del país.
De acuerdo con la fuente, la operación hizo parte de los operativos que la Fuerza Pública viene ejecutando contra las estructuras que se apartaron del acuerdo de paz de 2016. Esas disidencias han sido señaladas de manera recurrente de vincular a menores en sus filas, una práctica prohibida por el derecho internacional humanitario y por la legislación colombiana.
La muerte de menores en acciones de la Fuerza Pública suele abrir un debate doble en Colombia. Por un lado, está el deber del Estado de proteger a la población civil y, en especial, a los niños. Por el otro, está la obligación de perseguir a los grupos armados que los incorporan a la guerra. El gobierno intenta sostener que ambas responsabilidades se cumplen con el operativo.
Organizaciones de derechos humanos y entidades como la Defensoría del Pueblo suelen pedir que cada caso en el que mueren menores en operaciones militares se investigue de manera inmediata. También reclamaron en otras ocasiones protocolos más estrictos de verificación antes de los bombardeos, para evitar que haya víctimas civiles ajenas al conflicto.
El reclutamiento de menores es uno de los puntos más sensibles del conflicto armado colombiano. Varias sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligan al Estado a prevenirlo y a perseguir penalmente a quienes lo practiquen. Por eso, el gobierno suele presentar las acciones contra campamentos donde se presume esa práctica como una respuesta a esa obligación.
La estrategia militar contra las disidencias de las FARC se ha concentrado en zonas como Cauca, Putumayo, Caquetá y Norte de Santander, donde esos grupos han retomado el control de rutas de narcotráfico y de economías ilegales. En esas regiones, la presencia de menores al interior de las filas armadas ha sido documentada por misiones humanitarias y por la Defensoría del Pueblo.
Trascendió que la justificación presidencial busca, además, responder de forma rápida a las críticas que suelen aparecer cuando una operación militar termina con víctimas menores de edad. El gobierno procura mostrar que el operativo no fue un error, sino una acción deliberada contra una estructura que recluta niños.
Queda pendiente que las autoridades competentes aclaren las circunstancias exactas en las que murieron los tres menores, incluyendo si estaban siendo utilizados como parte de la estructura armada al momento del bombardeo. Las versiones oficiales y las de organismos de derechos humanos sobre este tipo de episodios suelen diferir, por lo que se esperan investigaciones independientes en los próximos días.