El Ministerio de la Igualdad fue creado formalmente en 2023 durante la administración de Gustavo Petro como una de las apuestas centrales de su plan de gobierno. Su objetivo inicial fue articular políticas públicas dirigidas a poblaciones históricamente vulnerables, como mujeres, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y personas en situación de pobreza extrema.
La cartera quedó en cabeza de Francia Márquez, quien se desempeñó como ministra desde su creación y posteriormente asumió la Vicepresidencia de la República, figura desde la cual continuó ligada a la agenda de igualdad. La fusión entre su rol ministerial y la Vicepresidencia fue una decisión administrativa que concentró en una sola persona la vocería política y operativa del Ministerio.
La liquidación, confirmada por fuentes oficiales y recogida por la agencia EFE, forma parte de un proceso más amplio de reorganización de la estructura del Estado colombiano. En los últimos meses, distintos ministerios y entidades habían entrado en revisión como parte de los ajustes administrativos propios del inicio de un nuevo periodo de gobierno.
Una liquidación ministerial implica, en la práctica, la supresión de la planta de personal, la finalización de contratos vigentes y la transferencia de los programas en curso a otras entidades del orden nacional. Los recursos presupuestales asignados al Ministerio deberán reasignarse en el Presupuesto General de la Nación, proceso que corresponde al Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de la Igualdad fue escenario de tensiones internas durante su corta existencia. A lo largo de 2023 y 2024, el Congreso archivó varios de los proyectos de ley que la cartera impulsó, entre ellos una reforma a la salud con enfoque diferencial y normas para fortalecer la economía popular. La baja capacidad de ejecución presupuestal fue otra de las críticas recurrentes de los organismos de control.
Para la ciudadanía, la liquidación tiene efectos directos sobre los programas sociales que dependían de la entidad, muchos de los cuales operaban a través de convenios con alcaldías y gobernaciones. Programas dirigidos a mujeres víctimas de violencia, jóvenes en territorios afectados por el conflicto y comunidades étnicas deberán ser asumidos por otras dependencias o podrían quedar sin ejecutor directo.
La decisión reabre el debate sobre el modelo institucional para atender la desigualdad en Colombia. Mientras el anterior gobierno defendía la existencia de un Ministerio especializado, sectores críticos argumentaban que la política de igualdad podía coordinarse desde entidades ya existentes. Con la liquidación, esa discusión queda en manos del nuevo gobierno, que deberá definir si las funciones se reasignan a un viceministerio, a una dirección técnica o a varios ministerios sectoriales.
Francia Márquez no se pronunció de manera pública en las primeras horas tras conocerse la decisión. En sus intervenciones de los últimos meses, la vicepresidenta había defendido los avances del Ministerio y reclamado recursos adicionales del presupuesto nacional para ampliar su cobertura. Su ausencia del gabinete ministerial, tras la fusión con la Vicepresidencia, dejaba a la entidad sin una cabeza visible con peso político propio.
La liquidación también tendrá impacto fiscal. El Ministerio de la Igualdad contó con un presupuesto inicial modesto comparado con otras carteras, pero varias adiciones presupuestales a lo largo de 2023 y 2024 elevaron su ejecución. La Contraloría General de la República había señalado debilidades en los procesos de contratación, observaciones que ahora deberán ser liquidadas como parte del cierre contable de la entidad.
Queda pendiente la definición del cronograma de liquidación, que según la normatividad colombiana no puede superar los dos años contados desde la fecha del acto administrativo. Durante ese periodo, la entidad funcionará en una etapa de supresión gradual, en la que deberá rendir cuentas sobre los bienes, los contratos y los compromisos adquiridos con las comunidades beneficiarias.