El Gobierno colombiano confirmó que radicará el 20 de julio un proyecto de ley orientado a prohibir el fracking en Colombia, según reportó el portal Renovables Verdes. La iniciativa, que aún no ha sido radicada formalmente, marca un giro en la política de explotación de hidrocarburos no convencionales en el país.
El anuncio se produce en medio de un debate de larga data sobre los efectos ambientales, sociales y sanitarios del fracking. En años anteriores, distintas cortes y autoridades ambientales habían ordenado suspender o revisar proyectos piloto de yacimientos no convencionales, mientras sectores productivos y regiones con potencial en hidrocarburos defendían la técnica como fuente de ingresos y empleo.
La radicación del proyecto coincide con el inicio de una nueva legislatura, un momento habitual para presentar iniciativas de alto calado político. El texto deberá surtir el trámite de debates en comisiones y plenarias de Senado y Cámara antes de convertirse en ley de la República, en caso de avanzar en el Congreso.
En paralelo, el Gobierno ha puesto en marcha una agenda de transición energética que incluye proyectos solares en el departamento del Cesar, una región con alta irradiación y donde se desarrollan varios parques fotovoltaicos. La promoción de energías limpias busca diversificar la matriz eléctrica y reducir la dependencia de fuentes fósiles.
Otro frente de esa agenda son las Comunidades Energéticas, figuras que permiten a grupos de ciudadanos producir, consumir y compartir energía renovable a pequeña escala. El balance de estas comunidades muestra experiencias piloto en zonas rurales y periurbanas, donde el modelo ha permitido acceder a electricidad a poblaciones que antes no contaban con servicio continuo o que dependen de combustibles costosos.
La combinación de prohibición del fracking, impulso a solares y consolidación de Comunidades Energéticas configura una señal de transición hacia una economía baja en carbono. No obstante, el ritmo de esa transición depende de la capacidad de la red eléctrica para incorporar nuevas fuentes y de la inversión pública y privada disponible.
Para las regiones productoras de hidrocarburos, una ley de este tipo tendría efectos en la inversión, la contratación y los ingresos por regalías. En departamentos como Santander, Boyacá y zonas del Magdalena Medio, donde se concentraban los proyectos piloto, el cambio normativo podría reorientar las expectativas económicas locales.
Para los ciudadanos, el eventual cierre del fracking supondría un cambio en la forma en que el país asegura su oferta de gas natural, un combustible que sigue siendo clave en la industria, el transporte y los hogares. Expertos y gremios han planteado la necesidad de definir cómo se sustituirá ese volumen si la técnica queda prohibida.
El Gobierno, según la fuente, presentará los detalles del proyecto el 20 de julio. Mientras tanto, distintos actores sociales, ambientales y productivos preparan sus posiciones frente a una iniciativa que toca la energía, el ambiente, la economía regional y la transición que el país viene trazando.
Queda pendiente conocer el articulado completo, las excepciones que pueda incluir y el cronograma de transición que el Ejecutivo plantee. El Congreso tendrá en sus manos la decisión final sobre el futuro del fracking en Colombia.