El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) es el mecanismo con el que el Estado colombiano suaviza las variaciones en los precios internacionales del petróleo frente a los consumidores internos. Cuando el precio de referencia sube, el FEPC subsidia parte del costo para evitar alzas bruscas en la gasolina y el ACPM. Cuando baja, el FEPC recupera esos recursos. El mecanismo lleva años operando y, según el análisis de Diario La Libertad, hoy presenta un déficit creciente que se ha convertido en una de las preocupaciones fiscales más sensibles del país.
Diario La Libertad plantea que un eventual gobierno de Abelardo De La Espriella encontraría ese desequilibrio como uno de los primeros frentes por atender. El déficit acumulado del fondo se cubre con recursos del Presupuesto General de la Nación, lo que convierte cada mes de diferencia negativa en un compromiso directo sobre las cuentas públicas. Resolver la brecha implica decidir quién asume el ajuste: si el Gobierno, los consumidores o el esquema mismo de estabilización.
Entre las opciones discutidas en el análisis aparece la posibilidad de subir el ACPM, el combustible que utilizan los camiones de carga, los autobuses y la maquinaria pesada. Un aumento en ese precio impactaría de forma directa a los transportadores y, por extensión, a los usuarios del transporte público y al costo logístico de mover alimentos y productos por carretera. También afectaría a los sectores industriales y agrícolas que dependen del diésel para su operación cotidiana.
El FEPC nació en los años noventa, en un contexto de fuertes variaciones del petróleo, y desde entonces ha sido una herramienta de política tributaria y energética. Con el paso del tiempo, los choques externos y los cambios en los precios de referencia han modificado los montos que el fondo debe asumir. Hoy, según el análisis citado, el saldo acumulado pesa sobre las finanzas del Estado y exige decisiones que cualquier nuevo gobierno tendría que tomar, sin importar su orientación ideológica.
Desde el punto de vista de los ciudadanos, el nudo central es cómo se reparte el costo. Si se sube el ACPM, el ajuste se traslada a los consumidores y a los transportadores, con posibles efectos inflacionarios en productos sensibles como alimentos y pasajes. Si se mantiene el precio y se asume con cargo al Presupuesto, el costo lo pagan los contribuyentes por la vía del gasto público. Si se modifica el esquema de estabilización, el cambio puede ser más estructural, pero también más complejo de negociar con los agentes del sector.
Para los transportadores de carga y de pasajeros, que suelen ser los más expuestos a las variaciones del ACPM, el debate es recurrente. Cada vez que se anuncia o se insinúa un ajuste, el sector suele reaccionar con advertencias sobre cierres, paros o incrementos en las tarifas. Los gremios han pedido, en distintas coyunturas, que cualquier modificación se haga con diálogo, gradualidad y mecanismos de compensación. El análisis de Diario La Libertad no entra en esos detalles, pero los sitúa como parte del contexto que un nuevo gobierno debería considerar.
En el terreno político, el tema del FEPC se ha convertido en una prueba para cualquier administración que inicie su mandato. Subir el ACPM implica una decisión impopular, pero hacerlo temprano en el gobierno permite que el ajuste se procese con tiempo. Postergarlo, mientras tanto, deja crecer el déficit y compromete partidas de inversión social y de infraestructura. La fuente consultada se limita a plantear el dilema y a dejar entrever que De La Espriella lo recibiría entre sus primeras pruebas de fuego.
La pregunta que queda abierta es cómo se conjugan tres fuerzas: las restricciones fiscales del Estado, las demandas del sector transportador y la presión de los hogares por mantener estables los precios de los combustibles. Cualquier decisión que tome un eventual gobierno de Abelardo De La Espriella tendrá que equilibrar esos intereses, sin sacrificar la sostenibilidad del fondo ni descargar todo el peso sobre los consumidores. El FEPC, en ese sentido, se perfila como uno de los marcadores tempranos de cómo se planea gobernar la economía desde el primer día.
En las próximas semanas se conocerán las propuestas concretas de los equipos económicos en campaña y, según se acerquen las elecciones, también se espera que los gremios del transporte y los expertos en energía pública fijen posiciones sobre el tema. Por ahora, el análisis de Diario La Libertad deja instalada la alerta: el déficit del FEPC es un problema heredado, y cualquier gobierno que asuma en el nuevo período presidencial deberá abordarlo desde el inicio de su gestión.