El gobierno de Colombia anunció su salida de la Coalición por la Igualdad de Derechos, un espacio internacional del que hacía parte junto a la Corporación Caribe Afirmativo, según informó la propia organización. La decisión implica el fin de la co-presidencia que el Estado colombiano compartía con esa organización de la sociedad civil.
Caribe Afirmativo, que ejerció la co-presidencia junto con el gobierno nacional, calificó la salida como un giro que contradice el rol histórico del país en la materia. La organización sostuvo que la decisión representa un retroceso tanto en la política exterior como en la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+ dentro del territorio colombiano.
La Coalición por la Igualdad de Derechos es un mecanismo multilateral en el que participan Estados y organizaciones de la sociedad civil para promover la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. La participación de Colombia le permitía incidir en estándares internacionales y reportar avances y pendientes en derechos de personas LGBTIQ+.
Colombia había sido uno de los países de la región con presencia constante en estos escenarios. La salida del bloque se produce, según la alerta de Caribe Afirmativo, en un momento en el que persisten hechos de violencia y discriminación que el propio movimiento LGBTIQ+ ha denunciado en distintas regiones del país.
De acuerdo con la organización, el retiro implica también una pérdida de liderazgo internacional en una agenda que el país contribuyó a empujar durante años. Caribe Afirmativo recordó que el Gobierno asumió compromisos puntuales al aceptar la co-presidencia, entre ellos la visibilización de los derechos LGBTIQ+ en escenarios multilaterales.
El movimiento LGBTIQ+ colombiano ha señalado en repetidas ocasiones que la protección efectiva de derechos depende del compromiso estatal, más allá de los pronunciamientos en foros. La salida de la Coalición abre un debate sobre la coherencia entre la política exterior declarada y las acciones concretas del Estado.
Hasta el momento, el gobierno no ha detallado de manera pública los motivos de la decisión ni ha anunciado un espacio alterno en el que proyecta mantener su participación en la agenda internacional de derechos LGBTIQ+. Tampoco se conoció un pronunciamiento oficial sobre los compromisos pendientes dentro de la Coalición.
Organizaciones de la sociedad civil pidieron que el gobierno revise la medida y, en su defecto, mantenga canales de diálogo con los colectivos afectados. El tema queda en el debate público en un momento en el que el país se prepara para nuevos hitos en materia de derechos humanos ante organismos internacionales.