El Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella emitió una directiva que obliga a ministros y demás altos responsables del Ejecutivo a pasar por la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia antes de conceder entrevistas, formular declaraciones o participar en medios de comunicación. La orden aparece en un documento firmado el 3 de este mes, de acuerdo con el reporte del Laboratorio de Periodismo Luca de Tena.
Según la información divulgada por ese medio, el procedimiento aplica tanto para entrevistas solicitadas por medios como para cualquier pronunciamiento público que involucre a integrantes del gabinete y a otros funcionarios de alto rango del Gobierno nacional. La Secretaría de Comunicaciones y Prensa actúa, en la práctica, como punto de enlace obligatorio entre los medios y los voceros oficiales.
La figura de una secretaría de prensa en la Presidencia de la República no es nueva en Colombia. Desde hace décadas la Casa de Nariño cuenta con un área dedicada a coordinar la comunicación institucional y a fijar la vocería del Gobierno. Lo que introduce esta directiva es un grado mayor de control sobre las apariciones individuales de cada ministro, que históricamente han gozado de cierta autonomía para hablar en nombre de sus carteras.
En la práctica, la medida significa que un ministro que quiera atender una entrevista en radio, televisión o prensa escrita deberá primero pedir aval de la Secretaría. Si la respuesta es negativa o se sugieren condiciones, el funcionario queda sujeto a esa instrucción. Lo mismo ocurriría con declaraciones en eventos públicos, foros o ruedas de prensa sectoriales.
La decisión tiene implicaciones directas para el trabajo periodístico. Los reporteros que cubren carteras específicas deberán ahora interactuar con un filtro adicional en la Presidencia para acceder a fuentes oficiales. Sectores del periodismo especializado en áreas como economía, salud o seguridad habían construido rutinas de contacto directo con los ministerios, rutinas que esta directriz altera.
La directiva también abre interrogantes sobre los márgenes de autonomía de cada ministerio. Hasta ahora, cada cartera manejaba su propia estrategia de comunicación, usualmente bajo el liderazgo de su oficina de prensa interna. Con la nueva orden, esas oficinas podrían ver limitado su margen de acción en temas de vocería, lo que podría unificar el discurso oficial pero también reducir la respuesta inmediata frente a coyunturas sectoriales.
La fuente consultada, el Laboratorio de Periodismo Luca de Tena, no detalla en el extracto difundido las sanciones específicas para quienes incumplan la directriz ni si se contemplan excepciones paracomparecencias ante el Congreso o ante autoridades judiciales. Tampoco precisa si la coordinación aplica a publicaciones en redes sociales o solo a medios tradicionales.
Por ahora, lo que queda sobre la mesa es el alcance operativo de la medida. Falta conocer si la Secretaría de Comunicaciones tendrá capacidad logística para responder con la rapidez que suelen exigir las coyunturas noticiosas y si los ministerios recibirán criterios claros sobre qué temas requieren coordinación y cuáles pueden manejar de forma autónoma.