El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno solicitará al Congreso la declaratoria de emergencia económica como herramienta central para atender las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste y el centro de Colombia el pasado fin de semana. El anuncio llegó cuatro días después del movimiento telúrico, según reportó EL PAÍS.
El mecanismo de emergencia económica está contemplado en la Constitución y permite al Ejecutivo movilizar recursos extraordinarios y tomar decisiones administrativas de forma ágil frente a una calamidad. A diferencia de los estados de excepción, esta figura conserva las garantías ciudadanas y no interrumpe el funcionamiento normal de las instituciones.
Las zonas más afectadas, según el reporte de EL PAÍS, corresponden a los departamentos del oeste y centro del país, regiones que concentran buena parte de la actividad económica y la población urbana de Colombia. Todavía no se conoce un balance oficial consolidado de víctimas, damnificados ni daños en infraestructura, pues las autoridades continúan con las labores de evaluación sobre el terreno.
La declaratoria de emergencia económica también le daría al Gobierno herramientas para reasignar partidas presupuestales, acelerar contratos de reconstrucción y coordinar la ayuda con entidades territoriales. En otras emergencias recientes, este instrumento se ha utilizado para habilitar líneas especiales de crédito, flexibilizar trámites de contratación y canalizar cooperación internacional.
Desde el punto de vista ciudadano, la principal expectativa es la rapidez en la atención de los damnificados, la reparación de acueductos, vías, hospitales y escuelas, y la entrega de ayudas humanitarias. Sectores productivos del occidente colombiano, golpeados por la sacudida, demandan señales claras sobre el alcance y la duración de las medidas.
El trámite legislativo será el siguiente paso. El Gobierno deberá radicar el decreto ante el Congreso, donde se debatirá y votará en el término establecido por la ley. Mientras tanto, la Presidencia coordina con gobernaciones, alcaldías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) las acciones inmediatas en territorio.
Como antecedente inmediato, el país atravesó en las últimas décadas episodios sísmicos relevantes, como el terremoto del Eje Cafetero en 1999, que motivó la creación de mecanismos institucionales de respuesta. La gestión del riesgo en Colombia pasó desde entonces por reformas legales y por la consolidación de un sistema nacional encabezado por la UNGRD, lo que marca la ruta operativa de esta nueva emergencia.
Queda pendiente un censo oficial de daños, el reporte consolidado de víctimas y desaparecidos, y la presentación formal del decreto ante el Congreso. La atención se concentra en las próximas horas en restablecer servicios básicos y en garantizar condiciones de seguridad para la población afectada mientras avanzan las tareas de evaluación.