El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella derogó la protección ambiental que cubría cerca de 1.500 hectáreas en la zona contigua al páramo de Santurbán, según informó el diario El País. En ese polígono se ubica un título minero vigente de la canadiense Aris Mining, lo que deja sin efecto una barrera que hasta ahora separaba la actividad extractiva del ecosistema de páramo.
El páramo de Santurbán es uno de los sistemas de alta montaña más relevantes del nororiente colombiano. Sus lagunas, frailejones y suelos de turba funcionan como esponjas de agua y alimentan las fuentes que surten a municipios de Santander, entre ellos Bucaramanga y su área metropolitana. Por esa razón, cualquier modificación en los linderos del ecosistema despierta de inmediato el debate sobre el derecho al agua y el modelo de desarrollo regional.
La derogatoria se conoce en un momento político particular. Bucaramanga y su entorno han sido considerados durante años un bastión electoral de la derecha colombiana, en parte por movimientos ciudadanos que defendieron el páramo frente a proyectos de gran minería, como los referendos locales de 2010 y 2018 que rechazaron la actividad extractiva en zonas de recarga hídrica. La decisión del Gobierno, según El País, agudiza esa disputa en una plaza que ha construido parte de su identidad política en torno a la defensa del agua.
Aris Mining es una compañía canadiense con operaciones de oro en Colombia, y dentro de su portafolio figuran proyectos cercanos al Macizo de Santurbán. La zona ahora desprotegida forma parte de un título minero vigente, lo que en la práctica habilita el avance de trámites administrativos para la explotación. La empresa no ha sido mencionada por el Gobierno como parte explícita de la decisión, pero el impacto regulatorio la favorece de manera directa.
Para los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, la discusión no es abstracta. El acueducto de la ciudad depende en buena medida de las cuencas que nacen en Santurbán, y organizaciones ciudadanas, académicas y ambientales han sostenido durante más de una década que cualquier intervención en las zonas de recarga pone en riesgo la cantidad y la calidad del agua que llega a los hogares. La derogatoria, por tanto, se interpreta como un retroceso en esa línea de protección.
Desde el lado del Gobierno, la determinación se enmarca en el objetivo declarado de dinamizar la inversión y la actividad minera como fuentes de empleo y divisas, un discurso que ha sido recurrente en sectores que promueven el uso productivo de los recursos naturales. El País, sin embargo, subraya que el decreto agudiza la disputa con los sectores que defienden el carácter sagrado del páramo y su función como fábrica de agua.
La reacción ciudadana no se hizo esperar. Movimientos ambientalistas, defensores del agua y líderes locales preparan respuestas jurídicas y políticas, que van desde acciones legales para restablecer la protección hasta nuevas convocatorias de movilización en Bucaramanga. El precedente inmediato es la larga serie de litigios y decisiones judiciales que han rodeado al páramo de Santurbán, cuya delimitación ha sido fuente permanente de controversias en los últimos quince años.
En el plano institucional, queda por definirse si el Ministerio de Ambiente emitirá algún pronunciamiento técnico sobre los efectos de la medida en las fuentes hídricas, y si la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ajustará los permisos asociados al título minero de Aris Mining. También está abierto el debate en el Congreso, donde distintas bancadas han propuesto a lo largo de los años proyectos para blindar los páramos y para delimitar con mayor precisión las zonas donde la minería puede operar.
La decisión deja en el ambiente una pregunta central: cómo equilibrar la actividad económica y la conservación de un ecosistema que sostiene el abastecimiento de agua de cientos de miles de personas. Mientras esa respuesta no llegue, el páramo de Santurbán seguirá en el centro de una pelea que combina agua, territorio, inversión extranjera y cálculo político.