El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, expidió un decreto mediante el cual todas las acciones de tutela que se presenten contra el jefe de Estado serán tramitadas de manera exclusiva por el Consejo de Estado. La medida fue firmada por de la Espriella y la totalidad de su gabinete ministerial, según reportó EL PAÍS en su edición de este jueves.
De acuerdo con la información publicada por ese diario, la concentración de los procesos responde a una seguidilla de reveses jurídicos que el Gobierno habría sufrido en las últimas semanas en distintos despachos judiciales. Al reunirlos en un solo tribunal, la administración busca unificar el criterio y la respuesta institucional frente a esos amparos.
El decreto establece que el Consejo de Estado, máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será el competente para conocer y resolver todas las tutelas que se dirijan contra el presidente de la República. El mecanismo se inscribe en la facultad que tiene el Gobierno para fijar la competencia de los tribunales en asuntos administrativos.
La tutela es un mecanismo constitucional creado en 1991 que cualquier ciudadano puede utilizar para proteger sus derechos fundamentales cuando resultan amenazados o vulnerados por autoridades públicas o por particulares. Por regla general, cualquier juez del país puede conceder ese amparo, lo que garantiza la accesibilidad del recurso, pero también puede derivar en decisiones contradictorias entre distintos despachos.
La concentración de la acción en un solo tribunal constituye una decisión de fondo sobre el diseño institucional de la protección de derechos fundamentales en el país. Sectores académicos y jurídicos han discutido en otras oportunidades si centralizar el trámite de las tutelas en una sola corporación puede afectar la inmediatez y el acceso al recurso, que son principios propios de este instrumento.
El alcance concreto del decreto dependerá de cómo el Consejo de Estado organice la recepción de los procesos y de las reglas de transición que se adopten para los expedientes que ya están en curso en otros juzgados. Hasta ahora, la fuente no detalla cómo se reasignarán los casos abiertos ni los plazos previstos para esa mudanza.
La medida se conoce en un momento en el que el Gobierno ha tenido que responder a múltiples cuestionamientos judiciales sobre el ejercicio del mando presidencial. Reagrupar el trámite en una sola corporación le permite al Ejecutivo concentrar interlocución y defensa en un único escenario, aunque también lo somete al criterio concentrado de un mismo tribunal.
Según EL PAÍS, esta es la primera vez que se adopta una decisión de este tipo respecto de las tutelas contra el presidente. El decreto, por su naturaleza, no impide que los ciudadanos sigan presentando acciones de amparo; solo cambia el juez que las resuelve desde el momento de su entrada en vigencia.
Queda pendiente conocer el texto completo del decreto y la fecha exacta de su expedición, así como las reacciones de las cortes, los colegios de abogados y las organizaciones de derechos humanos. También se espera el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre cómo asumirá el volumen adicional de procesos que ahora le corresponde.