El Ejecutivo colombiano descartó intervenir a la empresa Afinia, distribuidora de energía que opera en la región Caribe y es filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM). La decisión se conoció luego de un encuentro entre el presidente Abelardo de la Espriella, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y dos ministros de su gabinete, reunidos en la ciudad de Barranquilla.
Según informó el alcalde Gutiérrez, durante la reunión se revisó la situación financiera de Afinia y se analizaron los mecanismos disponibles para asegurar la continuidad operativa de la compañía. El jefe de la administración municipal explicó que el Gobierno estudia otras alternativas distintas a una intervención directa, sin precisar cuáles son los caminos que están sobre la mesa.
Afinia es la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y Magdalena, tras asumir los activos que antes operaba Electricaribe. Su desempeño operativo y financiero ha estado bajo observación desde hace varios años por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Hacienda y los entes de control.
La reunión se realizó en Barranquilla, capital del Atlántico, ciudad que junto con su área metropolitana es atendida por otra empresa del sector eléctrico. El encuentro entre el presidente de la Espriella, el alcalde Gutiérrez y dos ministros refleja la preocupación del Gobierno por la estabilidad del servicio en la costa Caribe, donde los usuarios han denunciado interrupciones prolongadas y elevadas tarifas en distintos periodos.
Para Medellín y para EPM, matriz de Afinia, el tema tiene una sensibilidad especial. Empresas Públicas de Medellín posee alrededor del 50 % de la filial, y cualquier medida sobre la operación impacta de forma directa las finanzas del conglomerado público, uno de los más grandes del país por sus activos y por el número de empleados.
Gutiérrez, alcalde de la ciudad donde EPM tiene su sede principal, viajó hasta Barranquilla para plantear directamente al presidente y a sus ministros la preocupación por la situación de Afinia. En su declaración pública posterior, el mandatario local insistió en que se busca proteger a los usuarios del servicio de energía y, al mismo tiempo, los intereses patrimoniales de Medellín como accionista.
El Gobierno no entregó detalles sobre las alternativas que analiza para garantizar la operación. Entre los instrumentos posibles, citados por conocedores del sector en otras ocasiones, figuran la suscripción de acuerdos de pago con entidades financieras, la capitalización de la empresa, la recompra de acciones o el acompañamiento de la banca multilateral, aunque el Ejecutivo no confirmó públicamente ninguna de esas rutas.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Energía y Gas han sido los organismos encargados de vigilar el comportamiento financiero y la calidad del servicio de Afinia. Una eventual intervención, como las que se han practicado sobre otras empresas del sector, requiere un proceso administrativo con plazos definidos y criterios técnicos sobre la prestación del servicio a los usuarios.
El anuncio deja en suspenso la definición de la estrategia oficial. Mientras el Gobierno avanza en la evaluación de opciones, queda pendiente cómo se concilian las necesidades operativas de los usuarios en la región Caribe con los compromisos financieros de EPM y con las observaciones que formulen los organismos de inspección y vigilancia del Estado.