El Gobierno de Colombia oficializó el Decreto 1001 de 2026, una nueva normativa que reforma las reglas que rigen el servicio público de taxis en el país. Según informó el diario El País, el decreto introduce cambios en los trámites administrativos, en la vigencia de los documentos de operación y en los cobros a los propietarios de vehículos.
Una de las modificaciones centrales es la simplificación de los trámites que deben cumplir los taxistas y las empresas operadoras. La nueva normativa reduce pasos y requisitos, lo que apunta a agilizar procesos que durante años acumularon quejas del sector por su extensión y su costo.
El decreto también extiende la vigencia de la tarjeta de operación, documento que acredita la habilitación de un vehículo para prestar el servicio. Con esta ampliación, los propietarios tendrán que renovarla con menos frecuencia, lo que disminuye la carga administrativa y los tiempos de gestión ante las autoridades de tránsito.
Otro cambio relevante es la eliminación de las planillas físicas que se exigían para las rutas hacia los aeropuertos. Esta disposición retira una exigencia que el gremio de taxistas había cuestionado por considerarla innecesaria y costosa, especialmente en las ciudades con terminales aéreos de alto tráfico.
La normativa prohíbe de manera expresa los cobros indebidos a los propietarios de taxis. La medida busca proteger a los conductores de prácticas irregulares en las que se les cobraban sumas no contempladas en la ley para mantener la habilitación de sus vehículos o acceder a la operación.
El sector del taxi en Colombia emplea a cientos de miles de conductores en las principales ciudades del país. Cualquier cambio en su regulación afecta directamente la prestación del servicio a los usuarios, las condiciones laborales de los trabajadores y la competencia con plataformas de transporte por aplicaciones, que han transformado el mercado en la última década.
La reforma se enmarca en un proceso más amplio de actualización del marco regulatorio del transporte en Colombia, que incluye revisiones a los sistemas masivos, al transporte de carga y al servicio individual de pasajeros. Las autoridades esperan que la nueva regulación ofrezca reglas claras y exigibles para todos los actores del sector.
Queda pendiente conocer el texto completo del decreto y los actos administrativos que reglamentarán su aplicación en las próximas semanas. El Ministerio de Transporte y las autoridades locales serán las encargadas de socializar los nuevos procedimientos y de atender las dudas de los propietarios y conductores de taxis en cada ciudad.
Según El País, con el Decreto 1001 de 2026 el Gobierno apuesta por un servicio de taxis más moderno, transparente y eficiente, en línea con las demandas acumuladas por el gremio y por los usuarios del transporte público individual.
