El Ministerio del Interior le ordenó a la Policía Nacional decomisar los teléfonos celulares de los ciudadanos que se capturen imágenes con el tarjetón electoral en el Atlántico. La medida busca prevenir el constreñimiento al sufragio en las jornadas de votación que se adelantan en ese departamento, según informó la propia cartera.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, el titular de la cartera de Interior advirtió que se han detectado casos de constreñimiento al sufragio en la región. El fenómeno, conocido popularmente como "fotos al tarjetón", consiste en que un ciudadano registra con su celular la forma en que marca su voto para enviarla a terceros y demostrar que cumplió una exigencia, generalmente a cambio de dinero o de un favor.
El ministro recordó que esta práctica ya tiene una instrucción presidencial de fondo. En Colombia, el artículo 183 del Código Penal tipifica el delito de constreñimiento al sufragante, que contempla penas de prisión para quien, por medio de violencia o amenaza, obligue a otro a votar o a hacerlo por un candidato determinado. La retención de elementos probatorios como el celular se inscribe en las facultades de las autoridades para documentar la posible comisión de ese delito.
La orden de decomisar los dispositivos se concentra en el Atlántico, un departamento donde la Registraduría Nacional ha dispuesto distintos puestos de votación para los comicios en curso. Las autoridades buscan que el procedimiento disuada la práctica y permita recolectar material que pueda servir como evidencia ante la Fiscalía General de la Nación, en caso de que se adelante una investigación penal.
La decisión también incluye el uso de las imágenes capturadas como prueba dentro de los procesos que se lleguen a abrir. Un teléfono decomisado puede contener la fotografía del tarjetón, los chats con la persona que impartió la orden y otros registros que vinculen al votante con la red de constreñimiento. Por eso, la instrucción ministerial apunta a preservar esa cadena de evidencia antes de que se pierdan los datos.
Para la ciudadanía, la directriz tiene implicaciones directas. Un votante que simplemente tome una foto del tarjetón, sin que medie presión, podría verse expuesto a que la Policía le retire el dispositivo. La instrucción obliga a las autoridades a diferenciar entre el ejercicio libre del voto y una conducta que ya estaría en el límite de la legalidad, una distinción que no siempre resulta sencilla en la práctica.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos en derecho electoral suelen recordar que la captura del tarjetón es, ante todo, un indicio de posible constreñimiento, no una prueba automática de un delito. El proceso penal requiere demostrar que existió presión, amenaza o contraprestación, algo que va más allá del registro fotográfico y que debe ser evaluado por la Fiscalía y, en su caso, por un juez.
La medida se da en un contexto de refuerzo de la seguridad en los puestos de votación. La Policía, el Ejército y la Registraduría han reiterado en jornadas anteriores que cualquier denuncia de compra de votos, intimidación a votantes o presión sobre los jurados debe reportarse de inmediato. El decomiso de celulares se suma a las herramientas que las autoridades ya venían utilizando, como la presencia de uniformados y los puntos de control.
Queda pendiente cómo se regulará la devolución de los celulares decomisados, bajo qué criterios la Policía distinguirá una foto casual de una prueba de constreñimiento y cuántas denuncias formales se han radicado hasta ahora en el Atlántico. La Fiscalía y la Registraduría tendrán la palabra en las próximas horas para precisar el alcance operativo de la instrucción.