La Directiva Presidencial 02, emitida por el Gobierno nacional, ordena la elaboración de un plan urgente para reasignar los programas y los recursos del Ministerio de Igualdad a otras entidades del Estado. La disposición, divulgada por el portal mascolombia.com, instruye a la administración a garantizar la continuidad de los servicios que esa cartera prestaba a la ciudadanía.
El Ministerio de Igualdad fue creado en 2023 como una de las carteras emblemáticas del anterior gobierno. Su objetivo era coordinar políticas enfocadas en poblaciones históricamente discriminadas, como mujeres, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, personas con discapacidad y población LGBTI. Tras el cambio de gobierno, la continuidad de la entidad quedó en evaluación y sus funciones comenzaron a redistribuirse.
La directiva no fija una fecha límite para ejecutar el traslado de programas. Esa ausencia de plazo concreto es uno de los puntos que más llama la atención, porque deja abierta la duración del proceso de transición y la manera como los ciudadanos seguirán accediendo a los beneficios durante el traslado.
El plan contempla la reasignación de programas, personal y presupuesto a ministerios sectoriales como los de Salud, Educación, Trabajo, Agricultura y al Departamento de Prosperidad Social. La idea es que cada dependencia absorba los proyectos que correspondan a su competencia, evitando que las iniciativas queden en el aire.
Para los ciudadanos, la preocupación central es la continuidad de los servicios. Programas como los dirigidos a la autonomía económica de las mujeres, al reconocimiento étnico, a la inclusión productiva rural y a la atención de personas con discapacidad deberán ser reasignados sin que se pierdan los beneficios ya otorgados ni se paralice la atención de nuevos usuarios.
El movimiento ocurre en el marco del proceso de reordenamiento institucional del gobierno de Abelardo de la Espriella. La administración ha adelantado el recorte de entidades oficiales y la fusión de funciones como parte de su política de austeridad y rediseño del Estado, una línea que el nuevo Ejecutivo ha defendido como prioridad de gestión.
Desde el Gobierno se argumenta que la medida busca mayor eficiencia en el gasto público y evitar duplicidades entre entidades. Sectores de la sociedad civil han expresado preocupación por el riesgo de que los programas orientados a poblaciones vulnerables pierdan su enfoque específico al quedar mezclados con la oferta de ministerios de mayor tamaño.
Queda pendiente la publicación del decreto reglamentario con los plazos, indicadores y responsables de cada programa. También se esperan pronunciamientos del propio Ministerio de Igualdad sobre el inventario de proyectos y beneficiarios, información clave para hacer seguimiento a la transición.
Por ahora, la directiva marca la hoja de ruta inicial de la transición. El siguiente paso del Ejecutivo será expedir el decreto con el cronograma detallado, con el cual se despejarán las dudas sobre la continuidad operativa de los programas durante los próximos meses.