La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó un balance preliminar sobre la titulación de predios en el país. De acuerdo con su directora, se formalizaron 99.477 hectáreas, una cifra muy distante del millón y medio previsto como meta del cuatrienio, según reportó Infobae.
El porcentaje de cumplimiento se ubica en 6,6%, lo que reabrió el debate en el Congreso sobre los resultados de la política de tierras. La representante Lina María Garrido, del partido de oposición Centro Democrático, sostuvo que el dato es aberrante y reclamó respuestas concretas al gobierno nacional.
La titulación de tierras es una de las apuestas centrales de la administración Petro, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y en la reforma agraria por la que el gobierno ha impulsado varios decretos y proyectos de ley. El objetivo declarado era entregar 1,5 millones de hectáreas a familias campesinas, indígenas y afrodescendientes durante el período.
La Agencia Nacional de Tierras es la entidad encargada de identificar, clarificar y titular los predios baldíos de la Nación, así como de resolver conflictos de propiedad. Su gestión impacta directamente a comunidades rurales que esperan formalización para acceder a crédito, asistencia técnica y programas productivos.
El anuncio también se produjo en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y sectores rurales. Líderes campesinos y gremios agropecuarios han reclamado, en distintas ocasiones, mayor celeridad en los procesos de titulación y entrega efectiva de baldíos, mientras que organizaciones sociales piden acelerar el cumplimiento de los acuerdos sobre el campo.
Para la oposición, el incumplimiento de la meta compromete uno de los compromisos más visibles del gobierno en materia social. Garrido pidió que el Ministerio de Agricultura y la propia ANT expliquen las razones del desfase y cuáles fueron los rubros ejecutados durante el período.
Hasta el momento, la Agencia no ha publicado un desglose departamental ni un reporte oficial detallado sobre cuántos predios fueron efectivamente adjudicados, en cuántos procesos hubo recursos legales ni cuántas hectáreas quedaron en trámite para su titulación. Los gremios han pedido que se aclaren esos puntos antes de evaluar el balance final.
El dato reabre la discusión sobre la capacidad operativa de la entidad y la articulación con la Unidad de Restitución de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro. Expertos en política agraria han señalado que la titulación depende, en gran parte, de la disponibilidad presupuestal, la actualización catastral y la voluntad política en los territorios.
El gobierno enfrenta así un nuevo frente de cuestionamiento por el cumplimiento de sus metas trazadas, esta vez en una de las áreas sensibles para las comunidades rurales. Queda pendiente un reporte más detallado de la ANT y la respuesta del Ministerio de Agricultura sobre las causas del bajo avance frente a lo proyectado.