La posibilidad de que el Gobierno nacional vuelva a contratar a Thomas Greg & Sons para la expedición de pasaportes volvió al debate público luego de los tropiezos judiciales que han afectado los convenios vigentes. Según reportó La FM, el abogado Nicolás Dupont, quien demandó esos acuerdos, aseguró que cualquier nuevo proceso debe respetar de forma estricta las normas de contratación estatal y, sobre todo, garantizar la continuidad del servicio a los ciudadanos.
Thomas Greg & Sons es una de las empresas con mayor trayectoria en la fabricación de documentos de identificación en Colombia. Durante décadas ha estado vinculada a la producción de cédulas y pasaportes, un área sensible para el Estado por el manejo de datos biométricos y la seguridad documental. Su presencia reiterada en estos contratos ha alimentado, a la vez, cuestionamientos sobre la concentración del mercado y reconocimientos por la capacidad técnica instalada.
Los convenios que estaban en marcha para la expedición de pasaportes han enfrentado demandas que pusieron en entredicho su legalidad. Esas acciones judiciales llevaron a la suspensión o terminación de los acuerdos, lo que abrió un vacío en la prestación del servicio. En ese contexto, la opción de retornar a Thomas Greg & Sons aparece como una de las alternativas que el Gobierno analiza para resolver el impasse sin afectar a los usuarios.
El llamado de Dupont se centra en dos puntos. Primero, que el Estado debe asegurar que los colombianos puedan seguir tramitando su pasaporte sin interrupciones, un documento indispensable para viajes internacionales, trámites migratorios y procedimientos consulares. Segundo, que el nuevo contrato, si se firma, debe ajustarse a la ley y superar los vicios que motivaron las demandas anteriores, algo que aún está por definirse.
La discusión ocurre en un momento en el que la Cancillería y otras entidades han debido atender largas filas y demoras en los puntos de atención. Para los ciudadanos, el impacto es directo: retrasos en la entrega del documento, citas aplazadas y, en algunos casos, la imposibilidad de salir del país por no contar con el pasaporte al día. Cualquier decisión sobre el futuro del contrato tiene, por tanto, efectos prácticos inmediatos.
En el plano institucional, el caso reaviva el debate sobre cómo se adjudican los contratos para documentos sensibles. Sectores gremiales y veedurías ciudadanas suelen pedir mayor transparencia, más competencia y estudios de mercado rigurosos antes de suscribir compromisos por montos elevados. El hecho de que una sola firma concentre buena parte de la cadena productiva refuerza, según los críticos, la urgencia de abrir el proceso a nuevos oferentes.
Desde el Gobierno, hasta ahora, no se ha anunciado una decisión definitiva. Lo que se conoce, según La FM, es que la posibilidad se evalúa en medio de la presión por normalizar la expedición. La siguiente semana podría ser clave: si se opta por un nuevo contrato con Thomas Greg & Sons, deberá explicarse cómo se corrigen los reparos jurídicos; si se busca otro operador, el tiempo para montar la logística suele ser un factor en contra.
Por ahora, el ciudadano de a pie enfrenta la incertidumbre de no saber con certeza quién le expedirá el pasaporte ni en qué plazos. Cada semana sin un esquema estable significa más citas reagendadas y más personas varadas en la frontera o en aeropuertos. El desenlace de este pulso judicial y administrativo marcará la ruta del documento más usado para salir del país en los próximos meses.